La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en un momento en el que se está tramitando una nueva ley autonómica de defensa de los consumidores en Castilla y León, alerta del «colapso, abandono, falta de recursos y de la desprofesionalización» que sufren los servicios de Inspección de Consumo de la Junta. Según ha trasladado el sindicato, estos servicios «solo cuentan con 35 inspectores activos para toda la Comunidad de las 55 plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración», puestos que, además, el sindicato considera «escasos para atender con garantías todas las necesidades en un tema tan importante como es la defensa y protección de los consumidores».
CSI-F explica que en Ávila en estos momentos sólo hay un inspector de consumo para los más de 169.000 habitantes de la provincia, «la mayor ratio de la Comunidad», cuando las plazas de la RPT son cuatro. En estas condiciones, asegura CSI-F, «resulta imposible atender las garantías que tienen los consumidores». Se da la circunstancia de que en plantilla hay tres inspectores en Ávila, pero uno está en comisión de servicios en Valladolid y otro en la Dirección General de Comercio y Consumo para apoyar a la Junta Arbitral de Consumo y evitar su colapso, y que «tiene dificultades para cumplir los plazos legales establecidos para las respuestas y resoluciones».
Las «mismas situaciones de saturación» se dan, subrayan, en el resto de provincias de la Comunidad por la falta de personal, lo que «retrasa la tramitación de las denuncias y las resoluciones y reduce tareas de inspección y de alerta».
CSI-F pide negociar una nueva RPT, que «lleva parada desde hace años», para poder incrementar las plazas de inspectores, los cuales ahora se encuentran «superados por la enorme carga de trabajo debido a la complejidad de las tareas encomendadas a esta Inspección de Consumo». Precisamente, una reciente resolución ha resuelto provisionalmente un concurso de provisión de inspectores «que resulta claramente insuficiente», dice CSI-F, con «el agravante de que no se han sacado todas las plazas disponibles en la actual RPT de la Junta». Por ello, CSI-F reclama la convocatoria de todas las plazas de inspección y de un nuevo concurso que permita el acceso a todas ellas, hasta cubrir, al menos, las 55 plazas de la RPT.
Así lo ha indicado el presidente del sector de Administración General de la Junta de CSI-F Castilla y León, Mariano Prieto, que en rueda de prensa reclamó a la Consejería de Economía y Empleo, que en breve anunciará la oferta de empleo que sacará para la administración regional, que tenga en cuenta estos servicios de inspección y los considere «como prioritarios, por la responsabilidad que entrañan para la seguridad y la salud del ciudadano». Por ello, insiste en que la Inspección de Consumo tiene que tener «una reposición suficiente de inspectores de consumo, no del 50%, sino del 100%», ya que es un número de funcionarios pequeño que «además tiene una RPT de hace años y que ha quedado completamente desfasada ante la evolución del comercio de los últimos años, su globalización y las nuevas herramientas tecnológicas».