e. carretero / ávila
Media docena de municipios abulenses han sido seleccionados por el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo un procedimiento de regularización catastral de aplicación progresiva hasta 2016 en todo el territorio nacional (excepto en Navarra y País Vasco) que tiene como objetivo la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en los casos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral.
Los municipios que, tras la correspondiente publicación en el BOE, ya están inmersos en este procedimiento de regularización catastral son San Bartolomé de Pinares, que fue seleccionado el pasado mes de octubre por el Ministerio de Hacienda para incorporarse a este procedimiento que en este caso finalizará el próximo 30 de abril, y Las Navas del Marqués, Poyales del Hoyo, San Juan de la Nava, Sotalvo y La Torre, que fueron incluidos en este procedimiento a mediados de marzo y donde los propietarios de inmuebles sin declarar (total o parcialmente) podrán regularizar la situación de los mismos hasta el próximo 30 de octubre.
En diciembre de 2012, el Gobierno central aprobó una medida que permite a los propietarios de inmuebles con características que no están recogidas en el catastro (bien derivadas de nuevas construcciones o de rehabilitaciones) regularizar su situación a través del pago de una tasa de 60 euros y del impuesto del IBI. Una de las singularidades de este procedimiento, indican desde la Subdelegación del Gobierno de Ávila, es que este plan «no sanciona con carácter retroactivo», a la vez que permite a los vecinos afectados por estas situaciones, que recibirán o ya han recibido comunicaciones de la Gerencia del Catastro, «realizar las alegaciones que consideren oportunas».
principales beneficiarios. Como señalan desde la Subdelegación del Gobierno de Ávila, este procedimiento de regularización catastral, que ha sido bautizado popularmente como ‘amnistía catastral’, tendrá como principales beneficiarios a los ayuntamientos, ya que uno de los objetivos de esta medida es «que la financiación de las entidades locales sea acorde con la realidad de sus municipios».