El pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy, gracias a los votos del PP, una moción del Grupo Socialista en la que se planteaba una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los servicios sociales y para garantizar que en los presupuestos de la Junta se estableciera un mínimo de inversión social equivalente al 12 por ciento del PIB.

La socialista Ana de la Peña, que defendió la moción, también argumentó la necesidad de cumplir las previsiones del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, la recuperación del nivel de inversiones que había antes de la crisis, un incremento del número de plazas de los servicios públicos de atención residencial, la puesta en marcha de un plan de atención integral geriátrica y la elaboración de un mapa de servicios sociales.

La moción también planteaba el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, la financiación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y modificar la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León para adaptarla al Pacto de Estado contra esta lacra social.

La propuesta fue rechazada por el Partido Popular, que planteó un texto alternativo para varios artículos de la moción, modificación que no fue admitida por el Grupo Socialista. La 'popular' María Ángeles García argumentó que el blindaje de los servicios sociales ya fue planteado por el presidente Juan Vicente Herrera al inicio de la legislatura, y reprochó al PSCyL que entonces rechazara la propuesta.

Además, indicó que incluso en los años más duros de las crisis las partidas en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales se incrementaron, y que estos pilares suponen más del 80 por ciento del gasto no financiero de la Junta.

García Herrero también resaltó que los servicios sociales de la Junta son los segundos mejor valorados y lamentó que el Grupo Socialista plasmara en esta moción su programa electoral. Además, también reclamó a la bancada socialista que reclame al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica, según informa Ical.

Desde Podemos, Laura Domínguez, aseguró que la moción pone el acento en los problemas estructurales que padecen los servicios sociales de la Comunidad, y aseguró que es una cuestión de justicia social en una comunidad como Castilla y León la universalización de la atención a la dependencia y una reforma integral del sistema de cuidados. Además, también reclamó reforzar los CEAS como puerta de entrada a los servicios sociales y acabar con las listas de espera.

Mientras tanto, desde Ciudadanos José Ignacio Delgado planteó la votación por separados de los puntos que hacían referencia a la reforma del Estatuto, pero mostró su apoyo a la moción destacando que es necesario el cumplimiento del plan social de inversión prioritaria, incrementar el número de plazas residenciales, mejorar la dependencia y cumplir el plan igualdad. Finalmente, y al no haber votación por separado, el Grupo Ciudadanos se abstuvo.