La Comunidad suma 203 agresiones a enfermeros en 2017

SPC
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El Consejo General de Enfermería registra 1.593 agresiones en 2017 gracias a su nuevo Observatorio Nacional

El Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros puesto en marcha por el Consejo General de Enfermería en abril de este año registró 203 agresiones a este colectivo durante 2017 en Castilla y León, la segunda comunidad con más ataques. Andalucía fue la que anotó un mayor número con 557, un 35 por ciento del total. En tercer lugar figura el País Vasco, con 184.

En todo el país se registraron un total de 1.593 agresiones a enfermeros. “Con los datos de que disponemos podemos decir que esto es sólo la punta del iceberg, hay mucho más debajo. En aquellas regiones donde hay pocos casos, las cifras nos dicen que se hace un registro insuficiente respecto a lo que está ocurriendo en la realidad. También aparecen comunidades autónomas que no tienen ningún dato registrado, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que hay un mal manejo de la información relacionada con las agresiones”, señaló el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso.

La tipología de la agresión sigue siendo fundamentalmente verbal, en más de un 70 por ceinto, mientras que la agresión física está en torno a un 30 por ciento. “A nivel penal lo que se denuncia es la agresión física, pero son muchas más las que se sufren a nivel verbal y afectan desde el punto de vista psicológico de una forma muy importante al profesional. Si alguien llega a tu trabajo y te insulta, te amenaza, eso genera una inestabilidad, una ansiedad y un estrés enorme que desde luego no tiene por qué sufrir un profesional enfermero”, subrayó Ayuso.

Además, y en relación con los datos publicados por otros colectivos, las enfermeras son los profesionales que más sufren esta lacra. Sin embargo, especialmente llamativo es el hecho de que Cataluña no cuenta con datos al respecto. Como explicó el secretario general del CGE ello es debido a la ausencia de un registro sistematizado, “la ausencia de datos registrales arroja una tasa cero de agresiones, que no se corresponde con la realidad”, subraya.