El PSOE lo tiene claro, el PP quiere desmantelar y «dar la puntilla» a los ayuntamientos pequeños que en el caso de Ávila son la mayoría. En este caso y a través de su secretario de agricultura, Jesús Caro, se referían a la reforma de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que obliga a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir «a la totalidad de los de Ávila» a que se contrate a un funcionario de carrera con habilitación nacional para realizar las labores de tesorero de las que hasta ahora y por lo general se encargaba un concejal.

Para Caro esta situación se hará insostenible pero si entra en vigor el día 1 de enero tal y como está previsto no les va a quedar otra que o bien hacer «agrupaciones de municipios» o delegar en la Diputación de Ávila este cometido.

Hasta ahora estas funciones las hacía un concejal fiscalizado por el secretario y autorizado por el alcalde «salvo en seis o siete ayuntamientos de la provincia» y entendía Caro que si lo que se quiere es acabar con la malversación de fondos «no han sido los ayuntamientos pequeños» los que han defraudado entre otras cosas «porque no hay dinero que puedan llevarse.

Apuntaba además a que los grandes fraudes han sido en ayuntamientos grandes, generalmente costeros y también en su mayoría con tesorero.