El Ministerio de Fomento niega que se vaya a producir un «doble gasto» en todo el proceso que se está siguiendo para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo contra la adjudicación de las autopistas AP-51 y AP-61 y la prórroga de la AP-6 (en respuesta a una denuncia de CCOO y Centaurea), tal y como había denunciado ‘Ávila Libre de Peajes’. Aún así, sí que confirma lo que había anunciado esta plataforma, y que por otra parte se incluía en el Real Decreto de 2012 promulgado para legalizar la situación: que se volverá a licitar la concesión de explotación por el período de siete años.
Esto quiere decir que el peaje no se terminaría entre los años 2024 y 2029 (ya que se acorta en siete años la concesión actual que iba entre los años 2031 y 2036, también para cumplir la sentencia), como había señalado por ejemplo Comisiones Obreras a principios de este año citando una comunicación del propio Ministerio, sino que parece que el peaje vuelve a ese plazo entre 2031 y 2036.
Por el momento es imposible saber cuál será la fecha elegida, puesto que, según informa Fomento, será en noviembre de 2019 cuando se procederá a calcular la fecha de finalización de la actual concesión, tal y como establecía el Real Decreto 1724/1999 mediante el cual se adjudicó la concesión. Es decir, se espera que sea entre los años 2024 y 2029 y a partir de ahí se haga la nueva licitación por otros siete años.
Como se ha indicado, para cumplir la sentencia de la Unión Europea, se reducirá el plazo de la actual concesión en siete años. Esta reducción de plazo «tendrá que ser compensada a la sociedad concesionaria, cuyo equilibrio económico se verá afectado por la reducción del plazo. La valoración de los daños y perjuicios a Castellana así como el mecanismo de compensación, será definido una vez que se determine la fecha de finalización de la concesión», es decir, en noviembre del próximo año, señala el Ministerio. «Por otra parte, y también en cumplimiento de la sentencia, será necesario licitar la concesión de explotación por el período de siete años», añaden.
Con estos datos, el Ministerio considera que «no se produce un doble gasto, sino que, en cumplimiento de la sentencia, por un lado será necesario licitar un contrato para cubrir el mantenimiento y explotación de las autopistas durante siete años y, por otro lado, será necesario hacer frente a los daños y perjuicios que se ocasionen a Castellana por la reducción del plazo de su contrato y los ingresos que deja de percibir».