El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, aseguró este viernes que «el Ayuntamiento ha hecho lo que debía hacer en cada momento» en referencia a la situación de la empresa Generávila, que gestiona la minicentral de Las Cogotas, y apuntó la necesidad de «estudiar la situación para poner a la empresa donde debemos», si bien matizó que la decisión será «de la Junta General de Accionistas, no del Ayuntamiento». Y es que, tal y como apuntó, «Generávila no es municipal, sino que somos socios de una empresa en la que hay otros socios que nada tienen que ver con las entidades públicas».
Hace tres meses se decidió la entrada de esta sociedad en preconcurso de acreedores, «a la vista de cómo estaba», explicó el regidor, quien señaló que las circunstancias actuales de Generávila se han dado «porque siempre hay unos riesgos en toda explotación, y en este caso se ha partido de un problema de base, un estudio de la Confederación Hidrográfica del Duero de 2006 que no se ha dado y que fue refrendado por una empresa de estudios que trabajaba para la entidad financiera que sufragó todo esto».
«El paso del tiempo ha demostrado que la cantidad de lluvia recogida ha sido en torno al 60 por ciento menos de lo previsto y por tanto no se han generado los recursos esperados», manifestó García Nieto, quien dejó claro que «hasta el momento hemos pagado todas nuestras obligaciones hasta el 1 de enero. Bien es verdad que la Confederación Hidrográfica del Duero, sabiendo que el estudio estaba mal hecho, no nos ha pasado el canon de los últimos tres años».
Crítica a Chamorro. El alcalde criticó la «imprudencia» del concejal socialista Juan Antonio Chamorro, al entender que «no puede hablar de algo que no es competencia de uno solo, sino de toda la sociedad».
Para Miguel Ángel García Nieto, el edil del PSOE ha hablado «desde el desconocimiento» y ha hecho «un flaco favor a la sociedad y al Ayuntamiento, que es un socio más de esta sociedad». «Dice que el Ayuntamiento debiera apostar más para salvar esta sociedad, pero desconoce que la ley prohibe a las entidades públicas tener más del 49 por ciento de las acciones de empresas ajenas, por lo que es imposible hacer más», subrayó el alcalde.