El 6,5 por ciento del importe total de los contratos que realice la Junta al año en determinadas actividades de apoyo a los servicios públicos se reservará para los centros especiales de empleo. El objetivo es poder destinar diez millones de euros al año en contratos específicos para estos centros.
El Consejo de Gobierno acordó ayer incorporar cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, personas en situación de riesgo de exclusión social, además de fomentar la estabilidad en el empleo y promocionar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El acuerdo incluye la obligación de establecer un cupo a la contratación reservada a los centros especiales de empleo, donde trabajan más de 4.100 personas con discapacidad. Este acuerdo vinculará a todos los órganos de la Administración de la Comunidad comenzará a aplicarse antes de que finalice 2012.
El acuerdo, anunciado por el presidente Herrera en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad, contempla dos actuaciones fundamentales: reservas de contratos para centros especiales de empleo e incorporación de aspectos sociales a la contratación general.
La Junta ha determinado un catálogo de actividades que podrían incluirse en este acuerdo: limpieza, lavandería y planchado, hostelería, transporte, imprenta, servicios sociales, logística de almacenamiento y reparto, hospedaje y turismo rural, tareas administrativas, gestión, correo y publicidad, mantenimiento en general o venta y distribución de productos. Los centros especiales de empleo que concurran a ese contrato deberán cumplir el requisito de contar en su plantilla con un mínimo del 70 por ciento de personas con discapacidad y de, al menos, un 40 por ciento de discapacitados con especiales dificultades de empleabilidad.
En la actualidad, en Castilla y León existen 185 centros especiales de empleo, que dan ocupación a 4.684 personas, de los que el 88 por ciento -4.150- son trabajadores con discapacidad.
Otras actuaciones que se incluyen como criterio general a toda la contratación pública es la introducción de cláusulas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social, en la inserción en el mundo laboral a personas con discapacidad, en el fomento de la estabilidad en el empleo, o en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.