La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ávila pidió este martes a la subdelegada del Gobierno en Ávila, María Ángeles Ortega, un mayor esfuerzo para incrementar el número de efectivos destinados a la vigilancia en el medio rural, en una época especialmente sensible, puesto que los agricultores se encuentran en plena campaña de riego, periodo en el que, como es lógico, más material para esta labor hay en los campos. Así lo trasladó el presidente provincial de la organización profesional agraria, Joaquín Antonio Pino, a la subdelegada del Gobierno, en la primera reunión de carácter institucional que han mantenido desde la toma de posesión de Ortega.
Tras reclamar más medios humanos destinados a labores de vigilancia, el presidente provincial de Asaja valoró «positivamente» la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, que endurece las penas para los robos cometidos en el campo.
Asimismo, Pino pidió a la máxima representante del Gobierno en la provincia que traslade a la Administración central la inclusión de una treintena de pueblos excluidos del listado de municipios en Ávila que se beneficiarán de la reducción de los índices de rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la actual campaña de la Renta.
Asaja de Ávila solicita la inclusión de los siguientes municipios en la reducción de los módulos del IRPF, de tal manera que beneficie a los agricultores y ganaderos que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales: Castellanos de Zapardiel, Moraleja de Matacabras, San Vicente de Arévalo, Cabezas de Alambre, Pedro Rodríguez, Papatrigo, Narros de Saldueña, Albornos, Muñomer del Peco, Riocabado, El Oso, Las Berlanas, Tiñosillos, El Bohodón, Gotarrendura, Vega de Santa María, Santo Domingo de las Posadas, Pozanco, Sanchidrián, Herreros de Suso, El Parral, San Pedro del Arroyo, Santo Tomé de Zabarcos, Brabos, Mirueña de los Infanzones, San García de Ingelmos, Blascomillán, Muñogrande, Orbita y Espinosa de los Caballeros.
Por otra parte, la organización agraria Asaja lamentó «el desmesurado incremento de las tarifas eléctricas que se han acumulado en los últimos años y pidió a Mari Ángeles Ortega que presione para que el Gobierno central ponga en marcha medidas que reduzcan los costes energéticos, que son muy elevados para los profesionales del campo.
Además, «los agricultores, deben abonar, aunque no rieguen, mínimos desmesurados, por lo que el sector reclama que se pueda contratar la potencia para la campaña y darla de baja cuando se terminan las labores de riego», añade el sindicato del campo.
La organización profesional agraria también puso en conocimiento de la subdelegada del Gobierno la falta de interlocución institucionalizada con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la excesiva burocracia que se les exige para llevar a cabo cualquier trámite con este organismo. Asaja también trasladó a Ortega en esta primera reunión formal en la Subdelegación del Gobierno la «rigidez» de las concesiones de agua para aprovechamientos de menos de 7.000 m3 por año, que necesitan principalmente granjas ganaderas o pequeñas industrias agroalimentarias.