IU quiere que la Diputación deje de adelantar el dinero de servicios impropios

diariodeavila.es
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No es  la primera vez que lo pide pero IU va a insistir en el próximo Pleno que se celebra el lunes en este asunto y va a solicitar que se modifique el Convenio Marco con la Junta de Castilla y León para evitar el endeudamiento de la institución provincial por servicios impropios.Se refiere a cambiar el sistema que se ha usado de un modo habitual y pedir que en el momento en que se rubrique el pacto la Administración Regional ingrese un tercio de lo que deberá abonar. Y es que recuerdan que a día de hoy la Junta debe 4,5 millones a la Diputación

«Proponemos –dicen en nota de prensa– cambiar para que las instituciones, como la Diputación Provincial, que al final dan los servicios no tengan que subvencionar a la responsable de los mismos, en este caso la Junta de Castilla y León». Es por ello que piden que en los nuevos convenios que se firmen se ingrese a los quince días de la rúbrica un tercio del volumen del contrato o servicio referido, así como se incluya la necesidad de justificar los gastos mes a mes para facilitar posteriores ingresos al cumplimiento trimestral del mismo.  «En los momentos en los que nos encontramos, y en los que todos tenemos la obligación de cumplir con los plazos en los pagos a proveedores de los servicios que damos, es la Diputación la que se está haciendo cargo, como administración más cercana a los ciudadanos, del coste de servicios en algunos casos incluidos en el Convenio Marco».

Recientemente el portavoz de IU en la Diputación ,Santiago Jiménez, cuantificaba en cerca de 4,5 millones la deuda de la Junta de con la administración provincial derivada de los denominados ‘servicios impropios’, que son aquellos servicios que debería prestar la Junta de Castilla y León pero que se transfieren a los municipios de más de 20.000 habitantes o en su defecto a las diputaciones. Un Convenio Marco que abarca el personal de acción social, dependencia, ayuda a domicilio y protección de familias y cuya cuantía se eleva a 5,4 millones de los que la Administración Regional habría pagado menos de un millón.