A las nueve y media de la mañana se reanudó en la Audiencia Provincial el juicio contra cinco personas, tres de ellas funcionarios de la Policía Nacional, que se enfrentan a diez, algo más de nueve y dos años de cárcel, respectivamente, por un delito contra la salud pública, cohecho o prevaricación, entre otros. Junto a los tres policías, otras dos personas se sientan en el banquillo, acusadas, a su vez, de un delito contra la salud pública y cohecho, el primero de ellos; y por simulación de delito y cohecho, el segundo. Los actos que se juzgan ahora tuvieron lugar en 2009.

En la sesión, que fue interrumpida en dos ocasiones debido a cambios en los tiempos de las declaraciones previstas que originó la ausencia de algunos testigos en el transcurso de la vista, la primera en testificar fue la esposa de uno de los procesados que no son funcionarios de la Policía Nacional. Esta testigo  reconoció la relación de su marido con dos de los tres policías acusados y manifestó tener una reconocida enemistad con uno de ellos. «Yo he estado presente en alguno de sus encuentros. Quedaban porque el policía le pedía cocaína y dinero». También afirmó esta testigo, a la que la presidenta de la sala recordó que no estaba obligada a declarar por ser familiar de uno de los imputados, que tenía una grabación de una de las conversaciones pero que, curiosamente, antes de celebrarse el juicio, «me ha desaparecido». No quiso contestar al letrado de uno de los policías imputados y afirmó haber sufrido amenazas telefónicas por lo que presentó denuncia. También manifestó no haber visto a uno de los policías enjuiciados, que en declaraciones de días anteriores se le presuponía consumo habitual de cocaína, consumir nunca esta sustancia. El segundo testigo reconoció a uno de los policías imputados y a otro de los acusados que no es funcionario público. Procesado hace años por un delito contra la salud pública afirmó que había sufrido extorsión y amenazas contra su familia por lo que acudió al imputado no policía para pedir ayuda, quien le remitió a uno de los policías ahora procesado. El funcionario, al conocer quienes eran los que le extorsionaban, le dijo que «son gente peligrosa y tienes que denunciar», declaró. Tras un receso, se presentó el tercer testigo, un consumidor de hachís que se desdijo de lo manifestado en su día, tras producirse los hechos que ahora se juzgan, ante el Juzgado de Instrucción. El abogado que defendió en alguna ocasión anterior a varios de los acusados también declaró este jueves así como tres funcionarios de Policía Nacional que fueran comisarios en la Comisaría de Ávila entre 1995 y 2007 en distintos periodos . Dos de estas tres últimas declaraciones se produjeron por videoconferencia. Los tres funcionarios de Policía Nacional que estaban al mando de la Comisaría de Ávila en años en los que dos de los acusados eran subordinados suyos reconocieron que no les constaba ninguna actitud sospechosa de los inculpados; es más, ocupaban puestos de responsabilidad en la Policía Judicial, departamento en el que es normal que «se tenga confidentes». El juicio se retoma este viernes con más pruebas testificales.