Por el contenido y, sobre todo, por las formas, los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso están preparando un recurso para tratar de frenar la tramitación de la reforma exprés del Tribunal Constitucional que el PP planteó el pasado lunes con idea de aprobarla en mes y medio. Desde Génova se alega que era «el momento oportuno» para hacer frente al «proyecto de ruptura» que representa el independentismo. De hecho, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, pidió, sin ningún éxito, al PSOE, y «especialmente al PSC», que apoye esta medida.

La iniciativa, registrada al mediodía de ayer, fue calificada de inmediato por el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, sin esperar a la reunión que la Mesa del Congreso tiene prevista el martes de la próxima semana. 

Las prisas se deben al calendario que maneja el grupo conservador para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes, y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Meter la proposición de ley en la sesión plenaria de dentro de dos semanas exigía que fuera admitida a trámite por la Mesa cuanto antes.

La respuesta de la oposición ha sido de rechazo frontal. Así, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y otros grupos están trabajando en un recurso conjunto para que la Mesa reconsidere la calificación de la reforma del PP. Saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que, al faltar solo mes y medio para disolver las Cortes, ya está muy ajustada.

Desde Lima, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sostuvo que la formación conservadora «vuelve a instrumentalizar con fines electorales» y «partidistas» las instituciones con su propuesta «unilateral» para que el Constitucional pueda sancionar a los que incumplan sus sentencias.

Así, el socialista criticó la «incapacidad política» del jefe del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que, «desgraciadamente», ha dejado «de ser el presidente de todos los españoles y legisla para la extrema derecha de su partido».

La versión que da Génova es muy distinta. Yes que asegura que fue tras el «desacato» de la Generalitat de insistir en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 pese a las sentencias del Alto  Tribunal cuando empezó a trabajar en una reforma de la ley orgánica con el fin de dotar al tribunal de mecanismos para ejecutar sus resoluciones, y la presentó ahora, a mes y medio de disolver las Cámaras, porque entiende que es «el momento oportuno» para hacer frente al «proyecto de ruptura» que representa el independentismo.

Así lo reconoció el portavoz conservador en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, quien detalló que, tras el 9-N, empezaron a estudiar cómo dotar al TC de mecanismos para actuar ante escenario de in cumplimiento de sus sentencias, analizando derecho comparado.

«Estas medidas no se improvisan, ni se hacen de la noche a la mañana. Lo llevamos trabajando desde hace mucho», añadió el madrileño, subrayando que en estos meses han estado manejando borradores. «Es un proceso lento, meditado y de mucho alcance. Con las cosas de comer no se juega».

Mientras, Posada indicó que dio luz verde a la tramitación de la reforma exprés por la urgencia reclamada por el PP y por los servicios jurídicos de la Cámara.