Bandas organizadas procedentes de las provincias de Sevilla, Granada y Córdoba han puesto en su punto de mira a los yacimientos arqueológicos de Castilla y León. El expolio de estos testigos de la historia, unos 23.000 inventariados, se ha convertido en una de las principal preocupaciones de la Guardia Civil en la Comunidad en la defensa del patrimonio histórico, especialmente tras detectarse en varios lugares la presencia de estas bandas.
Así lo reconoce el jefe del Grupo de Patrimonio Histórico de la Benemérita, el comandante Jesús Gálvez, quien alerta de que «no nos enfrentamos a la persona que de forma esporádica sale al campo con un simple detector de mentales, sino que estamos ante bandas que utilizan georadares y detectores de huecos y que actúan de noche en yacimientos conocidos».
Mientras que en los últimos años los delitos contra el patrimonio han descendido considerablemente tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, hasta caer en la región a una media anual de poco más de un treintena -un centenar en todo el país-, todo lo contrario ocurre con los expolios en yacimientos arqueológicos, según los datos que maneja el Seprona, que superan los 160 en Castilla y León y el medio millar en el conjunto nacional.
En este sentido, el comandante destaca la necesidad de modificar la legislación actual para perseguir este tipo de delitos, ya que ahora la única forma de poder imputar a estos delincuentes es sorprenderlos mientras realizan el expolio. «Desde el punto de vista de la investigación criminal, el problema que nos encontramos para esclarecer un expolio arqueológico es que, al contrario del robo de un pieza concreta, de la que tenemos fotografías y una denuncia concreta, aquí nos resulta muy difícil demostrar el lugar concreto del que proceden las piezas y cuándo han sido expoliadas».
Por otra parte, entre las razones de la reducción de los robos contra el patrimonio, Gálvez destaca las medidas preventivas que desde las distintas administraciones se están adoptando, incluidos los planes de seguridad de la propia Guardia Civil y del Plan de Defensa del Patrimonio Histórico. La última de las medidas se puso en marcha a principios del pasado año, en colaboración con los distintos gobiernos regionales, y consistió en la elaboración de mapas con la ubicación de los edificios que guardan destacadas obras de artes, así como de los yacimientos arqueológicos, con el fin de que incorporar estos lugares a los recorridos habituales de las patrullas de seguridad ciudadana y del Seprona. Además, en dichos mapas también figura una clasificación de prioridades en función del valor de los bienes, “algo que nos resulta fundamental a nosotros a la hora de conocer el grado de amenaza”.
Otra de las razones que también ha contribuido a la reducción de este tipo de delitos ha sido la catalogación de todas las piezas, especialmente por parte de las diócesis, algo que permite a los investigadores saber qué se ha robado y que, al contrario de los ocurría hace unos años, dificulta mucho a los ladrones introducir la pieza en el mercado.
Colaboración. Además, Gálvez destacó que Castilla y León, junto con Andalucía, son las comunidades que más están luchando contra los delitos contra el patrimonio y con las que se mantiene una colaboración mas estrecha. «En muchas ocasiones son las propias administraciones las que nos piden asesoramiento y, como ejemplo, puedo señalar que en Castilla y León, a iniciativa de la Junta, llevamos dos años impartiendo conferencias sobre medidas de seguridad para proteger el patrimonio».
El perfil del ladrón de obras de arte no responde a ningún estereotipo y la Guardia Civil se enfrenta a delincuentes comunes y a bandas organizadas y especializadas en el robo de antigüedades que saben cómo introducir las piezas en el mercado negro, para su posterior «desaparición».