Debe prevalecer el interés público sobre el defecto de forma. Es más importante garantizar el buen funcionamiento del servicio de sanidad que una interpretación rigurosa de los plazos. La culpa de que se hayan retrasado unas oposiciones no es de los aspirantes a esas plazas, que son en todo caso los perjudicados. El espíritu de la norma a la hora de fijar un plazo de tres años para convocar un concurso oposición sobre unas plazas de empleo público es para apremiar a la Administración, no para perjudicar a los opositores. Con estos argumentos, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas desestimó el pasado 25 de enero la solicitud de suspensión cautelar de la prueba de Enfermería que contenía un defecto de forma similar al que en Castilla y León motivó la anulación del examen diez días antes de celebrarse y que dejó a 20.000 aspirantes en la estacada.
Un grupo de sanitarios interinos que teme perder sus plazas formalizó un recurso conjunto contra el proceso y solicitó la suspensión cautelar de la prueba bajo el argumento de que las plazas que salían a concurso oposición estaban amparadas en la oferta pública de empleo de 2007 y ya se habían superado los tres años que fija la legislación básica para la convocatoria. Un caso, si cabe más flagrante (en cuestión de tiempos) que el de Castilla y León pues las plazas convocadas en noviembre estaban aprobadas entre 2009 y 2011.
De hecho, la prueba de Canarias se celebró el pasado 31 de enero, con una oferta de 1.234 plazas, para las que se presentaron 14.873 aspirantes, según confirmaron fuentes del Ejecutivo canario. La coincidencia de la fecha con las mismas oposiciones en Andalucía rebajó a la mitad los examinados.
En Castilla y León, en cambio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia emitió un auto el 12 de noviembre por el cual acordaba la suspensión cautelar del examen convocado para el día 22. Aceptaba, de este modo, los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y consideraba que la carencia de oferta de empleo público válida constituye un supuesto «de nulidad de pleno derecho» que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada.
En los razonamientos del auto, el magistrado ponente también entendía que es mayor el perjuicio que se causaría a los aspirantes de las pruebas selectivas una eventual nulidad del procedimiento, que la paralización del examen, dada la tramitación preferente del procedimiento y la previsible rápida respuesta que se dará por la Sala en la resolución final del procedimiento.
Interés general. Unos criterios que distan de los colegas canarios que consideran que la suspensión de la prueba, para la que se habían inscrito cerca de 30.000 opositores (aunque finalmente sólo se presentaron la mitad), supondría un grave perjuicio y «se ha tenido en cuenta el interés de todos demás aspirantes», sobre todo «cuando existe un interés público» derivado de la necesidad de asegurar el buen funcionamiento del servicio de Sanidad con la prueba.
Ya en el momento de comunicar la resolución judicial, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, expresó su respeto a esta decisión, aunque no esté de acuerdo y explicó que hay pronunciamientos de otros tribunales superiores en sentido contrario, como en el caso de Andalucía o Asturias, donde se interpreta de manera diferente el artículo 70 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en tres años el plazo máximo para convocar plazas correspondientes a la oferta pública de empleo.
En el proceso de oposiciones sanitarias de Canarias no consta, por el momento, la interposición de un recurso por parte de la Abogacía del Estado para anularlas, como sí que ocurrió en el caso de Castilla y León y que finalmente motivó la suspensión de las pruebas de enfermería.
Distintos sindicatos canarios destacaron, en todo caso, la normalidad que ha imperado a lo largo de todo el proceso, que incluía también hasta 5.097 plazas para 97 categorías profesionales. Sanidad fue ofertando las ocupaciones con menos plazas y al tener que resolver también los múltiples recursos interpuestos propició el retraso de los convocatorias más numerosas: las de auxiliar de enfermería que se celebraron el pasado verano y las de enfermería, cuyo examen se celebró el pasado 31 de enero.
No obstante, ni el proceso judicial canario ni el de Castilla y León han concluido por lo que, de momento sólo hay autos relativos a la celebración de las pruebas.
En el caso de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, la voluntad es que la sentencia final dé la razón y permita recuperar las 554 plazas que no se pudieron convocar en noviembre. Distintos sindicatos también se han personado en el proceso con sus servicios jurídicos con esta misma intención.