El diputado provincial no adscrito Santos Martín Rosado, que hoy renunciará a su acta en el Pleno ordinario del mes de septiembre, ha solicitado al presidente de la Diputación, Agustín González, que se le abonen las cantidades no percibidas correspondientes a las Juntas de Gobierno a las que ha asistido como oyente a pesar de que al inicio de la legislatura los portavoces de los cuatro grupos políticos con representación en la institución provincial llegaron a un acuerdo por el que únicamente recibirían remuneración aquellos diputados con voz y voto, según han confirmado los distintos grupos políticos. A pesar de ello, Santos Martín Rosado reclama 5.200 euros por las 26 sesiones de la Junta de Gobierno a las que ha acudido en los años 2013 y 2014 en calidad de oyente, a razón de 200 euros por sesión.
Al inicio de la legislatura, el presidente de la Diputación acordó con los dos grupos políticos que únicamente tienen un representante en la institución (IU y UPyD) que ocuparían un puesto en la Junta de Gobierno que alternarían a la mitad de la legislatura, cobrando únicamente por su asistencia quien tuviese capacidad de voto. Los dos primeros años, Santos Martín Rosado, portavoz hasta hace escasas fechas de UPyD en la Diputación y que ha presentado su renuncia a continuar como diputado después de dar de baja de esa formación, fue quien tuvo voz y voto, mientras que Santiago Jiménez, portavoz de IU, acudía a esas sesiones en calidad de oyente y sin percibir ninguna retribución, a tenor del acuerdo que alcanzaron. A partir del segundo año de legislatura, que se cumplió en julio de 2013, Santiago Jiménez pasó a formar parte de la Junta de Gobierno como miembro con voz y voto, mientras que Santos Martín Rosado desde entonces ha acudido en calidad oyente, motivo por el cual dejó de recibir esa remuneración.
El pasado 22 de septiembre, y según un documento al que ha tenido acceso este periódico, Santos Martín Rosado interpuso un recurso de reposición después de que en la Junta de Gobierno del 1 de septiembre de 2014 hubiese adoptado el acuerdo de desestimar la solicitud de pago de las asistencias a las mencionadas reuniones desde el 4 de julio de 2013 por considerar que dicho acuerdo «no estaba ajustado a derecho».
La Junta de Gobierno entendía que «el solicitante sólo tendría derecho a percibir la cantidad estipulada por asistencia en los términos fijados en el Pleno de 26 de julio de 2011». En dicho Pleno se fijó que la cantidad a percibir en concepto de asistencias «por concurrencia efectiva a los órganos colegiados de la Corporación, para aquellos diputados que no tengan dedicación exclusiva», era de 400 euros por sesión de Pleno y 200 euros por Junta de Gobierno. Según Santos Martín, «he asistido a 26 sesiones de la Junta de Gobierno, quedando probada mi concurrencia efectiva, independientemente de la calidad en que concurra, pues nada de ello dice el acuerdo plenario en el que se establece el importe de las asistencias y en que se basa la Junta de Gobierno para su desestimación».