Representantes de la Confederación Abulense de Empresarios mantuvieron este martes una reunión con la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en la que el presidente de la organización empresarial, Juan Saborido, le entregó un documento en el que, además de repasar lo ocurrido con los peajes de Villacastín y San Rafael a raíz de la sentencia europea de 2010, se pide una respuesta vinculante, efectiva y ejecutiva por parte de la Administración central. Confae pide así a Barcones que intervenga para que el Gobierno de España exprese su posición oficial y aclare cómo va a ejecutar tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como las directrices que sobre el cumplimiento de dicha sentencia se dieron en su momento desde Europa.

«Ante el cúmulo de informaciones, desinformaciones e interpretaciones que suelen rodear este asunto, el Gobierno central tiene que tomar una decisión sobre los peajes de las autopistas afectadas por la sentencia», apuntan desde la organización empresarial abulense. En este sentido, se pide a la delegada de Castilla y León que «no obvie los planteamientos razonados para la supresión de un pago que lastra la comunicación entre Ávila y Madrid por carretera».