Mañana se cumplen dos años de la entrada en vigor del polémico Real Decreto Ley que excluía del sistema sanitario público y gratuito a aquellos inmigrentes irregulares, a los denominados ‘sin papeles’. Sin embargo, en este tiempo Sacyl no ha retirado ninguna tarjeta sanitaria a inmigrantes que hubieran perdido el derecho a la asistencia sanitaria. En este caso, la Sanidad de Castilla y León ha optado por mantener de alta en todo momento a estas personas en la base de datos de usuarios y tarjeta sanitaria, lo que les permite continuar recibiendo asistencia sanitaria cuando la requieran, e incluso mantener los profesionales que tenían asignados.
En este sentido, Sanidad ha trasladado a todos sus centros un mensaje de continuidad en relación a la asistencia sanitaria de los inmigrantes, y según fuentes de la propia Consejería «esto es lo que seguimos haciendo, seguimos atendiendo a quienes solicitan asistencia sanitaria».
No obstante, lo que sí reconocen desde la administración sanitaria es que tras garantizar la asistencia se realiza un estudio sobre «la situación administrativa que existe detrás de cada ciudadano que accede a un centro sanitario, independientemente de que sea extranjero o no, y de su situación administrativa». Tras determinar su situación, la Consejería de Sanidad determina la actuación que corresponda «como constituye nuestro deber como administración pública», señalan.
Derecho a asistencia. Con el objetivo de adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el Real Decreto Ley y su desarrollo posterior establecen quiénes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en España, «pero no niegan el derecho a recibir asistencia sanitaria», indican fuentes de la Consejería de Sanidad.
Acogiéndose a esta última premisa, Sacyl ha efectuado indicación expresa, desde septiembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la normativa, de continuar «garantizando el acceso a la atención sanitaria de todas las personas que lo solicitaran, priorizando la prestación de dicha asistencia en primer lugar y por encima de toda consideración».
Por ello, desde la Consejería de Sanidad aseguran que «cualquier ciudadano que ha requerido asistencia sanitaria en los centros de Castilla y León la ha recibido, independientemente de la situación administrativa en la que se encontrara». El protocolo que se ha aplicado es «primero atender, aunque inicialmente no se aporte ningún documento que acredite su derecho a la asistencia sanitaria, y posteriormente analizar la situación en la que el ciudadano se encuentra, los medios de que dispone, etc.», reconocen.
De este modo, una vez prestada la asistencia sanitaria a toda persona que así la reclama, se procede a estudiar su situación personal y, al amparo de la legalidad vigente, se determina si esa prestación se realiza con cargo a fondos públicos, por tratarse de alguno de los casos incluidos en el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad, o si por el contrario la asistencia prestada, corre a cargo de un tercero obligado al pago.
La tercera posibilidad es que sea el propio paciente, por no encuadrarse en ninguno de dichos supuestos, quien tenga que hacerse cargo de los gastos.