Los servicios de Urgencias españoles  están «entre los mejores» de la Unión Europea y los pacientes expresan «una alta satisfacción» con la atención recibida, según aseguró ayer la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. No obstante, existen «deficiencias» que deben ser subsanadas, como la «saturación», un problema que «incrementa el riesgo de error humano» y «aumenta el riesgo de morbimortalidad» de los pacientes.

«Toda urgencia supone una necesidad grave, prioritaria, así que las urgencias tienen un mayor riesgo que los demás por definición» indicó al respecto Becerril, que aseguró ademas que por ese motivo «necesitamos todos los medios para controlarlas».

Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado de forma conjunta por el Defensor del Pueblo nacional y nueve defensores sobre el funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarias en España tras preguntar a pacientes y profesionales de todos esos territorios, a los que se sometió a un cuestionario de 124 preguntas durante los meses de septiembre y octubre.

A juicio de Becerril era pertinente hacer una radiografía de este servicio porque constituye  «un pilar fundamental» del estado de bienestar, como lo demuestra el hecho de que cada año un 15 por ciento de la población hace uso de él de tal forma que pasamos por urgencias unos 26 millones de veces y seis de cada 10 ingresos se producen a través de este servicio.

Las deficiencias observadas, según explicó Becerril, son «comunes» a todas la regiones y tienen que ver con «el espacio físico» insuficiente, el número de profesionales que atienden el servicio y la necesidad de implantar una «especialidad médica».

Así el estudio detecta fallos como la falta de privacidad derivada también de la saturación que no permite, en muchos casos, «garantizar la dignidad e intimidad de los pacientes». En este sentido el informe hace hincapié en la necesidad de habilitar espacios reservados para menores y para mujeres víctimas de malos tratos.

Asimismo, dice el estudio, la atención a pacientes en fase terminal «representa un fracaso del sistema» ya que en los servicios de urgencias «no resulta posible» garantizarles «una muerte digna y preservar el duelo de familiares».

Otro de los fallos más habituales es la ausencia de personal verdaderamente cualificado en todas las franjas horarias. Según afirmó Bartolomé José Martínez, del área de Sanidad de la Oficina del Defensor del Pueblo, «entre un 30 y un 40 por ciento de la carga de trabajo de las urgencias recae en médicos internos residentes (MIR)» que son enviados a este servicio, dijo, «a foguearse».

La atención médica a los inmigrantes en situación irregular merece también especial atención. Según el documento, tienen que soportar unos trámites burocráticos que dificultan un tratamiento eficaz y tienen «fines disuasorios».