El debate en Cataluña ya no se centra en si la consulta soberanista planeada para el 9 de noviembre se celebrará, sino en cuál será la respuesta del presidente regional, Artur Mas, en caso de que el Tribunal Constitucional decida suspender el referéndum. Si desde el Gobierno central aludían a que el mandatario autonómico cumplirá la ley y acatará la sentencia del TC, los socios de Mas en el Ejecutivo, ERC, advertían al convergente de que deberá sacar las urnas a la calle a pesar de lo que decida la Justicia o romperá cualquier acuerdo. Por eso, las palabras del jefe del Gabinete ayer fueron decisivas, al proclamar que convocará a los ciudadanos a pesar de que da por hecho que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá la consulta.
En su intervención en el Consell Nacional conjunto que CDC y UDC celebraron en la localidad de Cerdanyola del Vallès, afirmó que lo que debería hacer el Estado es permitir un referéndum, que «es legal», porque supondría «respetar la mayoría social y el consenso político» que, en su opinión, existe actualmente en Cataluña.
También lanzó un mensaje al resto de formaciones regionales que apoyan la consulta, al indicar que su apuesta es tomar las grandes decisiones de forma unitaria, por lo que les pidió abandonar el partidismo y estar a la altura: «Cuando las cosas las hacemos juntos, los resultados son mejores», subrayó.
Tanto Mas como el nuevo secretario general de CiU, Ramón Espadaler -que fue ratificado en el encuentro como sustituto de José Antonio Durán i Lleida-, coincidieron en su diagnóstico: que el Govern está plenamente legitimado para convocar la consulta ya que es legal, como ha dictaminado el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano que supervisa que las leyes catalanas cumplan con el Estatut y la Constitución.
Si el coordinador general de CDC, Josep Rull, instó el pasado jueves al Gobierno central a «no hacer nada» y respetar la convocatoria, Mas abogó por esta misma receta, y reclamó a Rajoy y a su equipo que permitan su celebración, algo que, según él, en ningún caso contradice el orden constitucional vigente, si bien dio por hecho que el Ejecutivo del Partido Popular acudirá a la Justicia, tal y como dejó patente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.
En esta línea, Mas aseguró que «lo que el Gobierno español no puede hacer es engañar a la gente diciendo que la consulta es ilegal», por lo que le ha pedido un cambio de actitud.
EL «PUNTO CLAVE». Ante un recurso por parte del Estado a la ley de consultas que pretende aprobar el Parlament en septiembre y al posterior decreto de convocatoria a la votación, el Constitucional «no tiene más remedio que suspenderla», por lo que el president aseveró que el punto clave no es lo que dictamine el Alto Tribunal, sino que el Gobierno no la impugne. «Si ellos quieren, el referéndum es perfectamente posible, y Cataluña ha demostrado que es legal. Es un tema de estricta voluntad política» y no un debate jurídico, destacó.
En el caso de que haya «dificultades muy grandes», el líder convergente remarcó que los partidos que apoyan la consulta deben actuar con unidad. Por esta razón, les ha instado a evitar «tácticas de corto alcance, miopes y de juego partidista» y tener altura de miras, conforme al contexto que vive Cataluña.
Según Mas, desde el Gobierno central no se trata bien a la región, un territorio al que deberían «hacerle caricias en vez de darle golpes» por su dinamismo social y económico, y remarcó que esta actitud implica que la hostilidad hacia el Estado no pare de crecer.
Como máximo dirigente de CDC, también lanzó un mensaje en clave interna, a nivel de CiU, y recordó a sus socios de UDC que el derecho a la autodeterminación es uno de sus «propósitos fundacionales».
Por otro lado, el cónclave sirvió para certificar el relevo de Durán como secretario general de CiU después de que decidiese abandonar su cargo por sus discrepancias en relación a la consulta. Su sustituto, Ramón Espadaler, mantiene el número dos de la coalición en manos de Unió.