El grupo municipal de IU ha presentado su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales gestadas en el equipo de Gobierno (PP) y que estima que tal y como están planteadas precisan de varias revisiones que pide que se tengan en cuenta para que sean más justas. Para IU los más de dos millones de euros que dejaría de ingresar el Ayuntamiento es algo que los abulenses no se pueden permitir y además defiende que «los pequeños bolsillos» no van a notar el ahorro que les supondría. En cuanto a las bonificaciones anunciadas por el equipo de Gobierno estiman que van a beneficiar a los que más tienen y por eso también plantean cambios. La portavoz de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento, Montserrat Barcenilla ha querido recordar al PP que aún «no estamos en campaña electoral», que la recuperación económica que anuncian no se nota en exceso y que si no supieron gestionar cuando había dinero y se endeudaron es el momento de pagar la deuda y de mantener servicios, cosa que no podrán hacer si dejan de ingresar esos dos millones. El ciudadano, asegura, nota cada día que pasea por la calle que cada vez se hacen menos inversiones en jardines, o en reparar baches etcétera.

Entre sus propuestas piden que se mantenga el IBI porque «mantener ya es un ahorro» y con la propuesta ‘popular’ dejaría sin entrar en el Ayuntamiento sólo por este concepto un millón de euros y teniendo en cuenta que la economía del ciudadano de a pie casi no lo notaría es «inasumible», aseguraba  Barcenilla. La portavoz de IU también se centró en la recogida de basuras que considera no debe beneficiar a unos sí y a otros no porque por ejemplo «no se plantean rebajas para el centro penitenciario o la escuela de policía y sí descuentos de hasta el 90% para conventos y monasterios».  También era partidaria de que los barrios anexionados paguen menos porque se les da menos servicios y, en materia de industria, que las bonificaciones tengan en cuenta algunos asuntos como que se haga una rebaja en el precio del suelo toda vez que haya un compromiso mínimo de inversión y de creación de puestos de trabajo; que se incentive la contratación de personas en riesgo de exclusión o que las bonificaciones sean iguales para empresas que para cooperativas son otras de sus propuestas.

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