Casi un año y medio después de la petición de rescate del Gobierno portugués a la Unión Europea, en abril de 2011, los problemas económicos en el país luso, lejos de  solucionarse, empeoran. Así, el último tijeretazo del Ejecutivo que preside Pedro Passos Coelho, anunciado la noche del pasado viernes, fue una bajada de sueldos general del 7%, tanto a funcionarios y jubilados como a los trabajadores del sector privado, a través del aumento del 11 al 18% de la cuota de sueldo que debe aportar cada empleado a la Seguridad Social, después de que el Tribunal Constitucional decretase ilegal cargar el peso de los recortes únicamente en los funcionarios.

En un discurso televisado, el dirigente conservador enmarcó la medida dentro de un «esfuerzo de todos» para un «objetivo común», el de la recuperación económica y la lucha contra el desempleo. El paro es, según Passos Coelho, el «principal problema» del país.

Los trabajadores, tanto del sector público como del privado, verán cómo se incrementa en siete puntos porcentuales su cuota de contribución a la Seguridad Social y, en consecuencia, se reduce su salario neto. A cambio, los funcionarios recibirán una de las dos pagas extra que el Gobierno les había cancelado, aunque lo harán repartida en la nómina a lo largo de 12 meses.

La aportación obligatoria de las empresas a la Seguridad Social, por su parte, caerá del 23,75 por ciento al 18 por ciento.

Las modificaciones en el paquete de ajustes del Ejecutivo luso no alcanzarán a los pensionistas, que seguirán sin recibir las dos pagas extra que les corresponden en 2013 y 2014 durante el tiempo que se mantenga el programa de ayuda externa.

«La emergencia financiera todavía no ha terminado y los problemas aun no están resueltos», afirmó Coelho antes de anunciar las medidas de ajuste.

Dos años de recortes. Portugal sigue sin ver el final del túnel. Después de solicitar el rescate, la troika (BCE, FMI y UE) concedió al país luso en mayo del año pasado un paquete de 78.000 millones de euros a devolver en tres años a un interés entre el 5,5 y el 6%, superior al fijado para Grecia. Como contrapartida, Bruselas impuso un draconiano plan de ajuste que suponía subir el IVA, congelar salarios a funcionarios y pensionistas, recortar el gasto social y reducir la prestación por desempleo. Medidas que no han sido suficientes para devolver la tranquilidad financiera y económica al Estado vecino.

La situación del país ibérico no podía ser peor, máxime cuando el BCE anunció recientemente que comprará deuda a corto plazo de aquellos países con problemas y que así lo soliciten a cambio de fuertes medidas de austeridad. España, por el momento, está estudiando esta posibilidad, tal y como anunció el pasado viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.