Que no, que sí, que no... Partido Popular y Ciudadanos (C’s) apuraron tanto su negociación para impulsar una ley que dé protección a los funcionarios que denuncien casos de corrupción que cuando quisieron llegar a un acuerdo fue demasiado tarde. La propuesta que la formación naranja recogió de la Plantaforma de Defensa del Empleado Público (Pladepu)estaba sobre la mesa desde la semana pasada. Durante su debate, los populares no habían expresado signo alguno de apoyarlo, pero cuando llegó el momento de dar el botón para votar, saltó la sorpresa.
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, tomó la palabra para proponer un cambio en el texto de su propuesta. En el punto en el que decía que daba seis meses de plazo a la Junta para presentar una normativa que regule la protección de los funcionarios delatores de corrupción, quería que pusiera un año. Con este cambio mínimo se garantizaba el respaldo del PP y que la propuesta saliera adelante por unaniminidad.
Pero la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, previa consulta con el Letrado Mayor, fue tajante: «no se puede». Los intentos del portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, de convencerla fueron en vano. Incluso Herrera le daba argumentos que Carriedo expresaba y ni con esas. Los portavoces de Podemos (Pablo Fernández), PSOE(Luis Tudanca)y del Grupo Mixto (José Sarrión) también mostraron su desacuerdo con el cambio de rumbo fuera de los periodos establecidos. «No se pueden cambiar las reglas de juego al arbitrio de unos»; «Esto no depende del voluntarimos, está recogido claramente en el reglamento»; «Si van a cambiar de criterio que avisen para saber a qué nos podemos atener»; fueron los argumentos esgrimididos por la oposición.
Así las cosas, tocó ir a votar. Y el Partido Popular tumbó la propuesta con sus 42 votos.
Más plazo. La razón de ampliar el plazo para poner en marcha una iniciativa que no tiene precedentes en España no era otra que la necesidad del preceptivo informe del Consejo Consultivo, que hace inviable que se pueda presentar una normativa con solo seis meses de plazo, según justificó posteriormente el portavoz popular Carlos Fernández Carriedo.
A la conclusión del pleno, el portavoz de Ciudadanos se quejaba de la extrema rigidez en la interpretación de la normativa que regula los debates y las votaciones. Utilizando un simil futbolístico, dijo: «Podía ser el minuto 93 pero si estábamos dentro del partido tendría que haber abierto la posibilidad de introducir la enmienda para sacar adelante la proposición no de Ley, con la que todos estaban de acuerdo».
«Ha sido una interpretación completamente legalista por parte de la presidenta», argumentó Fuentes, quien considera que se está quedando en evidencia el enfrentamiento entre Clemente y el Grupo Popular.
No obstante, Fuentes aseguró que volverá a presentar la iniciativa en próximos plenos con los cambios de los plazos incluidos para que se pueda poner en marcha el mecanismo que permita proteger a los funcionarios que denuncien episodios de corrupción.
La propuesta también incluía instar a la Junta para que pida al Gobierno que haga lo mismo. En este punto, el PP no votaría a favor.