El futuro de la Cámara Agraria Provincial está en peligro y se debe a motivos económicos. Las últimas decisiones adoptadas indican que este organismo tiene una situación complicada, sobre todo porque en el último pleno se decidió «despedir a los dos empleados debido a la falta de financiación».

Así lo explica el presidente de esta entidad, Jesús Muñoz, que asegura que hace unos años tenían 197.000 euros de presupuesto y cinco empleados, pero que ya en 2012 el dinero se redujo a 78.000 euros y fue necesario hacer «una reconversión y prescindir de empleados» y este año la situación es peor, puesto que aunque cuentan con 38.000 euros, se trata de un dinero que aún está pendiente de abonar por parte de la Junta de Castilla y León. Una institución que además, relata Muñoz, ya ha anunciado que no habrá ayudas para el próximo año.

Aquí radica la difícil superviviencia de la Cámara Agraria Provincia que, en palabras de su presidente, sólo cuenta con 8.500 euros, dinero procedente del porcentaje correspondiente a la adjudicación de pastos. Un dinero que vale «para los gastos corrientes, luz, teléfono, agua... y poco más» y que no ha sido suficiente para mantener a los dos empleados, «que ya llevaban cuatro meses sin cobrar».

Por esto Muñoz (que continuó en el cargo tras las últimas elecciones en las que venció UCCL) cree que «el futuro está mal, voy a intentar mantener lo que pueda con el dinero pero la supervivencia está complicada. Yo no tengo problema en abrir los dos días a la semana que yo estoy aquí», sobre todo teniendo en cuenta que aún cuentan con el secretario técnico, que es personal de la Junta.

Pero aún así reconoce que no sabe «cuanto aguantaremos», en especial ante la pérdida de unos trabajadores que se encargaban de diversos asuntos, como administrar los pastos o aconsejar jurídicamente cuando había un problema con agricultores o ganaderos.

Una labor que ellos consideran importante pero sobre cuyo futuro «aún no hay ninguna decisión segura».

En cuanto al papel de la Junta de Castilla y León en esta decisión, Muñoz considera que «las Cámaras no son caras» y realizan «una función social muy importante» pero la institución regional no mantiene las ayudas y «si no funciona el patrimonio pasa a la Junta», se queja Muñoz.

Hay que tener en cuenta que, tras las últimas elecciones, los 25 miembros de la Cámara Agraria corresponden 12 a UCCL, 8 a La Alianza y cinco a Asaja.

Es más, esta composición se dejó ver en las votaciones en el último pleno cuando la opción de los despidos fue apoyada por ocho votos de UCCL, pero con nueve abstenciones de miembros de los otros dos grupos, explica Muñoz.

críticas de asaja. Estas diferencias las ha dejado claras Asaja en una nota de prensa en la que «exige a UCCL una acción decidida para dar viabilidad a la Cámara Agraria, como sucede en otras provincias».

Desde esta organización agraria se lamenta la «nefasta gestión realizada por la presidencia de la Cámara Agraria Provincial en los últimos años, que ostenta Jesús Muñoz, de UCCL, su falta de rumbo e incapacidad para, tras la desaparición de las subvenciones, dar viabilidad a una institución que durante años ha dado servicio a agricultores y ganaderos».

Por ello, Asaja plantea «otras opciones para evitar el cerrojazo», tal y como se está haciendo en otras provincias.

Esta organización agraria habla de «inacción de los dirigentes de la Cámara Agraria ante la falta de ayudas de la Administración, cruzándose de brazos en lugar de buscar fórmulas alternativas para poder mantener a los trabajadores y los servicios al sector». También muestra su temor a que se plantee vender el patrimonio de los agricultores para hacer frente a los pagos pendientes.