Tal y como se preveía, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, superó ayer con éxito su primera prueba de fuego en la Eurocámara, después de que el Parlamento rechazase, por una amplia mayoría de 461 votos en contra, 101 a favor y 88 abstenciones, la moción de censura planteada por los euroescépticos y la ultraderecha por el escándalo Luxleaks, que desveló los acuerdos secretos que Luxemburgo firmó con multinacionales para minimizar el pago de impuestos mientras el cuestionado era primer ministro del país.
El rechazo a la propuesta lo protagonizaron populares, socialistas, liberales y verdes, mientras que los conservadores y reformistas se mantuvieron al margen, al igual que la gran mayoría de Izquierda Unitaria, que no consiguió reunir las suficientes firmas para presentar su propia moción y descartó aliarse con la ultraderecha.
Los críticos acusan a Juncker, de 59 años y que comenzó su mandato el pasado 1 de noviembre, de no cumplir con el derecho comunitario y de ser «cómplice de la evasión fiscal» de las empresas. De hecho, estas prácticas fiscales ventajosas realizadas en el ducado han llevado a la Comisión a plantear una nueva legislación para luchar contra el fraude fiscal y establecer una serie de normas comunitarias que impidan esas actuaciones.
El presidente del grupo popular, Manfred Weber, celebró que «el intento de los eurófobos de desestabilizar las instituciones de la UE ha fracasado» y señaló que la votación se transformó en «un voto de no confianza» contra los euroescépticos en la Eurocámara.
También los socialistas comunitarios se felicitaron por el rechazo de la moción «destructiva» contra Juncker y reclamaron al dirigente que adopte ahora «medidas concretas contra la evasión y el fraude fiscal».
«El Parlamento Europeo ha votado proteger a un presidente de la Comisión empapado por el escándalo en lugar de proteger a sus propios ciudadanos, cuyos ingresos tributarios nacionales se han desangrado por los sistemas de evasión fiscal para los grandes negocios de Juncker», denunció, por su parte el portavoz del UKIP, Steven Woolfe.
INGRESOS PERDIDOS. La moción fue promovida y apoyada por el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa -en el que se encuadran los británicos del UKIP y del italiano Movimiento Cinco Estrellas, de Beppe Grillo-, el Frente Nacional francés de Marine Le Pen y Alternativa por Alemania (AfD). Su argumento principal era la negativa del luxemburgués a «asumir la responsabilidad por la práctica fiscal» llevada a cabo por su Gobierno, que se prolongó durante 19 años.
Además, el texto denunciaba que los Estados miembros de la UE han perdido «miles de millones de euros en ingresos fiscales potenciales como consecuencia de los agresivos regímenes de elusión del impuesto de sociedades establecidos en Luxemburgo durante el período en el que el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ocupó el cargo de primer ministro».
Asimismo, acusaba al propio Juncker de «responsable directo de las políticas de elusión fiscal» y consideraba «intolerable que una persona responsable de agresivas políticas de elusión fiscal» ocupe el puesto de jefe del Ejecutivo comunitario.
El mandatario conservador, por su parte, ha llegado a admitir que hubo «excesiva ingeniería fiscal» en su país de origen, aunque siempre repite que este tipo de acuerdos existen en 22 Estados miembros, y hace unos días dejó las manos libres a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para que investigue si estos acuerdos eran ilegales (ya lo está haciendo en los casos de dos empresas, Amazon y Fiat).