El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, defendió ayer que su departamento «ha actuado con corrección, seriedad y transparencia» en la concesión de autorizaciones de parques eólicos, y añadió que «evidentemente», si le hubiera constado que alguien de su departamento hubiera cobrado comisiones hubiese «tomado medidas para evitarlo». Estas fueron las primeras declaraciones ayer del consejero tras tener conocimiento a través de El País de un informe de la Agencia Tributaria sobre presuntos cobros de comisiones en procesos de autorización de parques eólicos en Castilla y León.
A las declaraciones de Villanueva le sucedió de forma inmediata la reacción del Gobierno regional, cuyo portavoz, José Antonio de Santiago, anunció la remisión urgente a Anticorrupción de todos los expedientes bajo sospecha de la Agencia Tributaria, además de la comparecencia del propio consejero ante la Diputación Permanente de las Cortes para informar sobre la política del Ejecutivo en materia de autorizaciones de parques eólicos.
Villanueva avanzó que no le consta «absolutamente ningún tipo de irregularidad» en los expedientes que aparecen en la información y que esperan «que se hayan tramitado correctamente y que no haya operaciones raras. Pero no conocemos más».
Tramitación y cobros. La Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios, según recoge Ical de la publicación del rotativo madrileño, concluye «la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo», que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.
Hacienda incluye en esa organización a «autoridades públicas de Castilla y León, las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques, los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas y las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros».
El informe detallaría siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta. Según las conclusiones que se le atribuyen a la Agencia Tributaria, las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que «se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía».
La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y León, que autorizaba los parques.
Transparencia. Villanueva, que informó en la misma mañana de ayer sobre este asunto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó que la actitud del Gobierno regional «será de transparencia y absoluta claridad» para poner a disposición de la Justicia y la Fiscalía los expedientes tramitados, así como de la propia Agencia Tributaria, cuyo informe citado por El País asegura no conocer. «Los desconocemos. Las valoraciones las hago sobre la base de la información publicada», comunicó el consejero, en declaraciones recogidas por Ical.
Sobre este aspecto lamentó que la Agencia Tributaria «en ningún momento haya tenido contacto con la Administración ni con los expedientes, ni ha pedido opinión o valoración al respecto de estas cuestiones». «Habría sido muy sencillo dirigirse a la Junta para pedirnos los expedientes y que el informe determinara unas conclusiones que al Gobierno nos dejaría en mejor consideración», comentó.
El consejero mostró su «plena confianza» en la Justicia y su independencia si el caso llegara a los juzgados. No obstante, en cuanto conoció la información publicada dio instrucciones a los servicios que han tramitado estos expedientes a efectos de conocer la situación de los mismos. De la primera valoración de examen, aseguró que la tramitación del procedimiento reglado, vía autorización administrativa y sujeto a actos debidos, «ha sido correcta, ajustada a legalidad, al orden, tiempos y plazos». «No se ha apreciado en un primer examen ninguna irregularidad. Inicialmente, este análisis se ha acotado al tiempo y empresas que aparece en la información. Estamos valorando si extender el análisis a todos los expedientes referentes al desarrollo de energía eólica», sostuvo.
Tras reconocer que hace mucho tiempo que no mantiene contacto con Rafael Delgado, exsecretario general de la Consejería y que aparece nombrado en el informe, Villanueva aseguró que le «hubiera gustado que no hubiera problemas» en su despedida de la primera línea de la política. «Pero estoy en el Gobierno y hasta el final hay que aclarar todo y tengo especial interés en que estos asuntos se aclaren y se determine lo que haya que determinar», espetó el consejero, quien mostró su preocupación por los procesos abiertos en su departamento, como el caso Arroyo o la denuncia presentada por la Junta de Personal de los Servicios Centrales del Gobierno regional.
En este sentido, aseguró tener una «cierta sensación un poco extraña» porque estos casos «coinciden en periodo electoral», aunque deseó que el tiempo «coloque todo en su sitio». No obstante, confío en que estas «cosas» no afecten a las opciones electorales porque el Gobierno «ha actuado con corrección en todo esto». «Pretendo trasladar a la sociedad la confianza y tranquilidad de estas cosas. Espero que la gente valore lo que ha hecho el PP en la Comunidad, que ha hecho mucho», finalizó.