Este miércoles se ha desarrollado la tercera jornada del juicio contra tres policías nacionales acusados por la Fiscalía, entre otros delitos, de cohecho, y contra otras dos personas a las que se les juzga por un delito contra la salud pública, cohecho y simulación de delito, entre otros.

La sesión comenzó a las 09,30 horas en la Audiencia Provincial, como viene siendo habitual desde el lunes, fecha en la que prestaron declaración los acusados. Este miércoles se continuó con la fase testifical en la que intervinieron cinco agentes de la Policía Nacional, cuatro de los cuales prestan sus servicios en la capital abulense, los cuales declararon de forma presencial. Sólo uno de ellos lo hizo por videoconferencia al tener su destino laboral en Madrid.

Ante las preguntas de la Fiscalía sobre si les constaba que hubiera habido contacto entre los policías acusados de cohecho y los otros dos imputados, todos coincidieron, con mayor o menor contundencia, en admitir que la hubo y alguno declaró que algunos de los agentes imputados tenía relación con las drogas, los cual era sabido en la Comisaría, manifestación que ocasionó cierta tensión en la sala.

La Comisaría de Ávila, que llevaba a cabo un seguimiento de uno de los procesados –uno de los que no es policía– comprobó que este mantenía contactos frecuentes con otras personas de las que se desconocía la identidad. Una vez iniciada una investigación con objeto de esclarecer dicha identidad, se comprobó que eran funcionarios policiales: los que se sientan ahora en el banquillo. Toda vez que se comprobó este dato, el caso se puso en manos del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional si bien, en un principio, se planteó llevar a cabo dos investigaciones paralelas, una por las presuntas actividades delictivas de tráfico de drogas llevadas a cabo por los dos encausados que no son policías y otra por la posible implicación de los agentes en delitos de cohecho  y  ayuda a presuntos delincuentes, entre otros. Sin embargo, se decidió, finalmente, que el asunto se  llevara de forma conjunta como finalmente se ha hecho.

Cabe recordar que dos de los funcionarios de la Policía Nacional se enfrentan a sendas penas de 10 años y nueve años y medio de prisión. El tercero de los policías habrá de afrontar acusaciones de malversación, prevaricación y cohecho, delitos por los que la Fiscalía del Estado solicita una pena de dos años de prisión. Los dos imputados que no son funcionarios públicos se enfrentan a algo más de cinco años de prisión, en uno de los casos, por un delito contra la salud pública y cohecho; y a tres años de cárcel por cohecho y simulación de delito, en el otro. El juicio continúa este jueves con la declaración de siete testigos más, dos de ellos por videoconferencia, y algunos, no todos, policías.