El lunes, jueces y fiscales irán a una huelga convocada por todas sus asociaciones. Exigen más medios para realizar su trabajo así como también mejoras salariales. 

La Justicia está en llamas, pero no solo por lo que consideran escasez de medios y precariedad salarial, que también, por eso habrá huelga; arde porque la sentencia del Tribunal Supremo que se rectifica a sí mismo en el caso de los impuestos hipotecarios ha supuesto una conmoción generalizada por lo que significa de deterioro de la imagen del Supremo y de su presidente, Carlos Lesmes, cuyo mandato expira el próximo mes. 

Arde, además, porque cuando estaban con los ánimos más exaltados y  la preocupación se adivinaba en cada rostro de los responsables judiciales, el ambiente se envenenó hasta extremos nunca vistos antes por la negociación entre el Gobierno y el PP para proceder a la obligada renovación del Consejo Superior del Poder Judicial, cuyo presidente lo es a la vez del Tribunal Supremo.

El acuerdo, con el reparto de puestos en el nuevo CGPJ, ha encendido a jueces y fiscales, a sus asociaciones y a los partidos del arco parlamentario que quedaron al margen de la negociación aunque corresponde al Congreso y al Senado aprobar los nombramientos. Y ha puesto, además, en pie de guerra a los partidos que protagonizaron la negociación, porque es visible tanto en el PSOE como en el PP la discrepancia sobre el resultado final. Sobre todo en el PP, donde cuentan con el presidente del Consejo y, por tanto, del Tribunal Supremo, Manuel Marchena pero, en cambio, piden la mayoría en el Consejo General.