Los procuradores del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León por Ávila han destacado hoy el carácter estable de la recientemente aprobada Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica en Castilla y León, una normativa que incorpora novedades a las medidas existentes y que elimina el carácter coyuntural de unas ayudas que buscan llegar a más personas.
José Manuel Fernández Santiago ha llamado la atención sobre el carácter estable de esta nueva normativa que incluye cuatro principales derechos, entre los 34 recursos que recoge: derecho a un servicio de apoyo integral para familias en riesgo hipotecario de desahucio, protección económica, ayudas para alquiler de vivienda habitual y un servicio de provisión inmediata de alimentos.
Asimismo, se crea la figura del Comisionado de la Red y se incluyen medidas de apoyo fuera de la red, con fondos de solidaridad, planes de inserción sociolaboral y operadores energéticos, entre otros.
Este nuevo modelo, sustentado en derechos, tiene una experiencia previa en Castilla y León, de modo que el año pasado se llegó en la comunidad autónoma a 190.000 personas, con ayudas por valor de 91 millones de euros y la previsión es de llegar a 200.000 personas, con un presupuesto de 207 millones de euros.
En el caso de Ávila, se pudieron acoger a estos recursos 13.000 personas, con una inversión de más de 8 millones de euros.