Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila han  imputado a una persona por ejercer labores de vigilancia de seguridad sin estar habilitado, informó la Guardia Civil a través de una nota de prensa.

En la misma se indica que a finales de mes de julio, se detectó por parte de la Guardia Civil la instalación de cartel alusivo a la prestación de seguridad en un recinto en construcción. Esta clase de conductas corresponden «habitualmente» a personas de determinados colectivos, que colocan carteles en zonas visibles, en las que se puede leer «Obra con vigilante patriarca XXX control 24 horas».

  La Unidad de Policía Judicial procedió a abrir una investigación, a través de la cual se comprobó en días sucesivos, según manifiesta en la citada nota de prensa que la persona ahora detenida realizaba en dicho establecimiento de forma muy ocasional funciones de vigilancia dentro y fuera de la obra.

Habitualmente, prosigue afirmando la Benemérita, las empresas constructoras, para evitar situaciones de otro tipo, y al tener maquinaria y efectos de valor en la obra, se ven presionadas a contratar esta clase de servicios como ‘Vigilante de Seguridad’, «a sabiendas de su ilegalidad».

Requisitos.   La Guardia Civil recuerda que   para realizar esta clase de actividades se deben cumplir unos requisitos y obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior con unos condicionantes, entre los que se encuentran, uniformidad, identificación, cursos específicos oficial, y examen de habilitación. La supervisión y control de esta clase de actividades vienen recogidas en la Ley 5/2014, de 04-04-2014 de Seguridad Privada, cuya competencia de control se realiza por parte del Cuerpo Nacional de Policía en Vigilantes de Seguridad, y por parte de la Guardia Civil a la especialidad de Guardas Rurales.

Recuerda  también a a los empresarios la Guardia Civil que estas actividades ilegales «pueden ser cometidas también por éstos, marcando la referida Ley una serie de conductas que pueden ser sancionadas y que pueden oscilar de 30.000 a 600.000 euros, como el art. 57.1.b «La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente»  entre otros, por lo que se recomienda que cuando tengan conocimiento de esta clase de actividad e intrusismo, lo pongan en conocimiento de las autoridades citadas».