El ex director general del Medio Natural Mariano Torre defendió que no había obstáculos medioambientales cuando se constituyó la sociedad ‘Montes de Las Navas S.A.’ para la construcción de una macrourbanización que preveía 1.500 viviendas y dos campos de golf en una parcela protegida de 215 hectáreas perteneciente a la Red Natura 2000 en Las Navas del Marqués. Además, añadió que las declaraciones de la Zona Especial de Protección para las Aves (Zepa) y del Área Crítica de la cigüeña negra son posteriores, incluso después de la adquisición de los terrenos, que ascienden a 215 hectáreas. «Ahí yo fui determinante. Si se sugiere que yo puedo levantar obstáculos, la lógica es que estas declaraciones se hubieran colocado a una distancia oportuna en el tiempo. Parece que no está consonancia con los hechos», comentó.
Torre fue uno de los cinco acusados que intervino este lunes en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid contra altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por el caso de la ‘Ciudad del Golf’ . La Fiscalía y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden para ellos ocho años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental, pero los acusados defendieron la legalidad de sus actuaciones en el proceso y que ninguno recibió presiones o remuneraciones por expresar su voto favorable al proyecto. Los técnicos imputados son el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último servicio, Sabas Yagüe Bosch.
El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir los informes realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Consejería de Medio Ambiente, señalaba que «la actuación de los imputados, bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida».
Cláusula penal. Entre las cuestiones abordadas en la primera jornada se encuentra la cláusula penal de resolución por la que se establecía que en el caso de que en dos años desde 2003 no se recalificaran como urbanizables las 120 hectáreas que todavía eran suelo rústico, habilitaba a la adjudicataria a resolver parcialmente el contrato y a obtener por ello una devolución cifrada en 3,5 millones de euros, un aspecto que se abordó ligeramente.
La segunda, sobre la permuta de una parcela donde se iban a construir las viviendas. Torre, quien admitió que solo asistía una vez al año al Consejo de Administración de ‘Montes de Las Navas S.A.’ en representación de la Junta, la cual solo figuraba por solvencia, sostuvo que a los Servicios Centrales de la Consejería en Valladolid el informe ya llegó con la permuta de una parcela de 11,6 hectáreas realizada, ubicada a 4,8 kilómetros del área crítica de la cigüeña negra, en el Monte de Utilidad Pública 78.
Según explicaron tanto el alcalde como el secretario durante su declaración en Ávila hace casi dos años, cuando se efectuó la medición que encargó Montes de Las Navas para conocer con exactitud la superficie de la parcela, se evidenció que no contenía 215, sino 192; por lo que el promotor, para cumplir con la exigencia de Montes de Las Navas de construir dos campos de golf, indicó que eran necesarias al menos 12 hectáreas más, protagonistas ahora de una parcela permutada.
Para sumar esas 12 hectáreas, el Ministerio Fiscal sostiene que la vía más directa era la venta por parte del Ayuntamiento de una parcela, que no tenía por qué ser la catalogada como Monte de Utilidad Pública. Sin embargo se elige la fórmula de la permuta que a juicio del fiscal no está justificada puesto que entre otras debería figurar la falta de liquidez del Ayuntamiento para poder hacer frente a la adquisición de la parcela.
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