Los responsables la Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAG, Aurelio González y Aurelio Pérez, han lamentado este lunes la "inacción" de las administraciones para atajar la despoblación en el medio rural de Castilla y León, la Comunidad que según las proyecciones del INE sufrirá en los próximos 15 años los mayores descensos de población, por lo que han hecho un llamamiento a hablar "con propiedad" sobre este asunto.
Este es uno de los principales mensajes que han trasladado los dirigentes de UPA y COAG en su balance del año 2018 en el que se han intensificado los daños provocados por la fauna salvaje y en el que ha continuado la caída de activos agrarios con un descenso del cinco por ciento --2.115 personas-- entre el 30 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2018, "más de uno por día", han lamentado en declaraciones recogidas por Europa Press.
Para la Alianza UPA-COAG, 2018 ha sido un año de "buena cosecha sin más" ya que, según han ironizado, no se cumplieron las expectativas de los que lanzaron "las campanas al vuelo" si bien han admitido que en el caso concretos de los pastos se han registrado una primavera y una otoñada "fantásticas" que se han visto perjudicadas en cualquier caso por unos precios "ruinosos" por lo que han reclamado una vez más una normativa que permita garantizar unos precios mínimos.
En este sentido, han recordado que el sector ganadero de leche ha sufrido un año más una "durísima crisis de precios" por la actitud de una industria que "se niega a negociar contratos justos" por lo que no han descartado nuevas movilizaciones en el caso concreto del ovino.
Los dirigentes de UPA y COAG en Castilla y León han vuelto a rechazar las macrogranjas ganaderas desde el convencimiento de que ponen en peligro a las explotaciones familiares que, según han reivindicado, son "las más importantes" para el tejido económico y social del medio rural.
"Cualquier proyecto de intereses macroindustriales trae consigo el desmantelamiento de las explotaciones familiares, lo que tendría repercusiones todavía mayores en la economía rural", se ha reafirmado al respecto Aurelio Pérez que ha recordado que las granjas familiares son la base del tejido económico y social del medio rural en Castilla y León.
También han lamentado los "pocos avances" en "inversiones urgentes" en las infraestructuras hidráulicas que necesita Castilla y León con un llamamiento expreso al Gobierno para que articule una política de agua "valiente e inversora" con "sentido común y responsabilidad", sin olvidar su rechazo al "tarifazo eléctrico" del regadío, un problema que, según han reconocido, tiene "fácil respuesta" y que pasaría por un cambio normativo para adaptar la tarifa en los seis meses de invierno y otoño para evitar pagar cuotas por un agua que no se utiliza, como sí se hace en primavera y verano.
"Hasta ahora, todo han sido promesas y buenas palabras pero no hechos. Y estamos hablando de unos costes de producción inasumibles para los productores en una situación de crisis importante, con precios muy ajustados por los productos y con costes de energía elevadísimos, ya sea en el combustible para maquinaria (gasóleo agrícola) como en la electricidad para regadíos", se han reafirmado.
Por último, han augurado que la nueva PAC no entrará en vigor "en tiempo y forma" ya que sufrirá un retraso de entre uno y tres años a pesar de que sí se materializará el recorte presupuestario para los agricultores y para los ganaderos. De cara al futuro, han marcado como "línea roja" que no se empeoren las condiciones de vida de los verdaderos profesionales del campo por lo que han defendido su modelo de explotación familiar agraria.