La Junta de Castilla y León garantiza los servicios públicos, los planes y programas en marcha y todos los compromisos adquiridos, entre ellos los del Diálogo Social o la reducción de las tasas universitarias, con la prórroga de los Presupuestos de este año que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Así lo aseguró hoy la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al detallar el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga al ejercicio de 2019 de los Presupuestos Generales de la Comunidad que se encuentran en vigor, aprobado en el último Consejo de Gobierno de este año.

Del Olmo recalcó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la imposibilidad de elaborar las Cuentas para el próximo año ante la falta de la asignación de los límites de déficit y deuda para cada autonomía ni la aprobación por las Cortes Generales de los objetivos de estabilidad presupuestaria referidos a los tres ejercicios siguientes para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Estas circunstancias han impedido a la Junta elaborar y aprobar un anteproyecto presupuestario antes del primer día del ejercicio económico 2019 y, de acuerdo con lo establecido tanto en el Estatuto de Autonomía como en la ley de Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, es necesario prorrogar las cuentas que están en vigor, argumentó la consejera, que recordó otras ocho comunidades harán lo mismo, igual que el Estado ante la falta de PGE.

Del Olmo explicó que, mientras se mantenga la prórroga, es decir hasta la aprobación de nuevas Cuentas, se atenderá con normalidad los gastos de personal (capítulo 1), los corrientes y de funcionamiento que garantizan la prestación de los servicios públicos (capítulo 2) y los financieros y operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).

En cuanto al resto de los gastos, el decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos, como transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros- cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando en 2018.

Ello supone, y así lo concreta el decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio 2018, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.

Añade también que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Tasas universitarias

En este sentido, la consejera recordó que los PGC de 2018 fueron los mayores de la historia de Castilla y León, con 10.859 millones, de los que 8.333 corresponden al gasto no financiero de las consejerías, y añadió que el decreto permite modificaciones presupuestarias como indica la ley de Hacienda, como es la incorporación de remanentes para atender gastos que estén comprometidos, si bien indicó que también se deberá esperar a las entregas a cuenta.

La consejera recalcó que la prórroga permite el funcionamiento normal de los servicios públicos y que continúen las inversiones que estén en marcha y garantizó también los acuerdos del Diálogo Social, donde pidió “tranquilidad” dado que se contará con el gasto habitual como todo lo que hace relación a ayudas a parados o formación, entre otras. “No habrá ningún problema en que se encaje en la prórroga presupuestaria”, reseñó, para añadir que así se lo explicarán hoy mismo a los agentes sociales.

Otro de los compromisos que “no tendrá problema” será el de la reducción de las tasas universitarias en un cinco por ciento, para lo que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció en las Cortes la aprobación de un decreto. Del Olmo precisó que se transferirá más dinero a las universidades para compensar la pérdida de ingresos procedentes de las tasas. Por otro lado, aseguró que se mantendrán los más de 50 beneficios fiscales, como el que exime del pago del impuesto de las hipotecas a menores de 36 años.

El resto de impuestos se mantendrán iguales, si bien se recogerá la deducción con un máximo de 4.000 euros por la compra de un coche eléctrico -recogido en una proposición de ley del PP, que está aun en tramitación en las Cortes- y el ingreso por el impuesto de depósitos nucleares de Garoña, cuya recaudación se destina al entorno de la comarca burgalesa en el que está enclavada la planta atómica cerrada.