juan carlos huerta-e. press / Ávila
Izquierda Unida de Ávila quiere que una comisión municipal, con presencia de todos los grupos políticos, participe en la gestación y negociación de las soluciones posibles a la encrucijada en la que a su juicio se encuentra el Ayuntamiento de Ávila tras la sentencia del Supremo que anula la expansión urbanística a Naturávila diseñada por el anterior gobierno del PP. Esta sentencia aboca al Consistorio a una previsible indemnización millonaria a una empresa constructora a la que pretendía compensar con dicho plan urbanístico por la permuta de los terrenos del Cylog.
IU, en una nota de prensa, añade que dicha comisión debe servir, además, de «organismo de control, desde el inicio hasta el final, de todo este proceso». La coalición, con tres concejales en el Ayuntamiento, afirma que «un problema que ha generado el Partido Popular y que ha situado a la ciudad ante un callejón sin salida, dado que no puede permitirse no cumplir con el convenio suscrito en su momento, pero que tampoco puede afrontar los costes de un acuerdo que a todas luces puede ser muy lesivo para los intereses de los abulenses y de la ciudad» advierte Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila.
Para Barcenilla, la sentencia del Supremo «viene a dar la razón a Izquierda Unida de Ávila, que en su día se opuso a la modificación del PGOU y a los que, ya en 2013, advertimos de la necesidad de buscar soluciones cuando el TSJ anulaba la ampliación hacia Naturávila». Para Montserrat Barcenilla «desde el actual Equipo de Gobierno y el resto de la corporación municipal deben ser exigidas las máximas responsabilidades de quienes participaron en la negociación con la empresa que cedió los terrenos de Fuentebuena, así como los ejecutores políticos de la Sexta Modificación del PGOU». IU pide, además, explicaciones de por qué «no se hicieron avances entre 2006 y 2009 para cumplir el convenio por el que se acordaba la cesión de los terrenos de Fuentebuena para la puesta en marcha del Cylog, un elemento que debía servir para el desarrollo industrial de la ciudad y la continuidad de Nissan».
Por otra parte, Ciudadanos Simancas ha solicitado la dimisión del alcalde de esta localidad vallisoletana, Alberto Plaza, tras conocerse la sentencia contraria al Ayuntamiento de Ávila, del que fue responsable de Urbanismo durante las irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por este motivo, la formación liderada por Albert Rivera ha reclamado a Plaza que renuncie porque, a su juicio, los políticos «no pueden ser causantes de cuantiosas pérdidas (en alusión a la indemnización que tiene que pagar el Ayuntamiento de Ávila a la empresa) por mala gestión y seguir el frente de un ayuntamiento».
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