Castilla y León es actualmente la séptima comunidad con la fiscalidad más interesante para atraer inversiones y crear empleo, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), correspondiente a 2018, que elabora la Unión de Contribuyentes (UC) y que clasifica a todas las autonomías por su capacidad de competir en esta materia para retener y ser polo atractivo de empresas y profesionales, generando por tanto actividad económica y empleo.

En este sentido, Castilla y León obtiene una puntuación de 5,9 sobre 10 y recupera dos posiciones en relación a 2017, gracias a unas centésimas mejor que un año atrás. Este incremento de ranking, señaló el informe, está justificado también en parte por la bajada de la competitividad fiscal de la vecina Cantabria.

El índice, apoyado por la Fundación para el Avance de la Libertad y por la estadounidense Tax Foundation (que elabora un ranking similar para los cincuenta estados de su país), tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales y los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad.

Así, si se analiza cada uno de los tributos, se observa que Castilla y León es la quinta mejor posicionada , con 6,72 puntos, para ser un polo de atracción cuando se tiene en cuenta el Impuesto de la Renta (IRPF), mismo puesto que ya ocupó en 2017. Las tres diputaciones del País Vasco, a pesar de no tener una deducción específica por familia numerosa, ofrecen la mejor reducción para las de más tres hijos a cargo. A continuación les siguen Castilla y León, que sube tres puestos, del séptimo al cuarto, en este subíndice, Asturias, Galicia y Valencia.

La mejor puntuación en el Índice del Impuesto sobre el Patrimonio es la que obtienen Madrid y La Rioja por las bonificaciones que aplican sobre la cuota íntegra del impuesto. La tercera y cuarta posición son para Vizcaya y Álava, seguidas por varias comunidades autónomas de régimen común que han dejado el impuesto prácticamente igual a la norma estatal, entre ellas Castilla y León.

En el Índice del Impuesto sobre Sucesiones la primera posición la ocupa Andalucía con una puntuación de 10, seguida por Canarias, Madrid, Extremadura y Murcia. Los andaluces, extremeños y murcianos son los que se beneficiarán de las reformas implementadas por sus respectivos gobiernos autonómicos, ya que sus comunidades han subido dieciocho, trece y nueve puestos respectivamente en el ranking de sucesiones.

En la cola del ranking de sucesiones se sitúa Aragón con la peor puntuación (1,18) y la mayor cuota líquida. En segunda y tercera posición por abajo están Asturias y Castilla y León con 1,50 y 3,04 puntos, respectivamente. A pesar de las reformas introducidas, Aragón y Castilla y León pierden un puesto en el ranking relativo ya que las demás comunidades han implementado reformas más contundentes.