El Gobierno intervendrá en la cuota correspondiente de la financiación autonómica en caso de que una comunidad no cumpla con sus proveedores. Así de sencilla, y así de efectiva parece que será la medida que incorpora el decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones públicas deberán publicar, a partir del mes octubre, el plazo medio que tardan en abonar las facturas a sus proveedores.
A partir de ese momento, el Estado pondrá en marcha los mecanismos para «garantizar» el pago de esas facturas a los clientes, que se traduce en que Hacienda descontará de la financiación autonómica el importe de esas facturas. «Detrás de este concepto está la financiación de las pymes» justificó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que es como decir que el Gobierno sigue en su empeño de «erradicar la morosidad de las administraciones».
«Es una garantía» para el proveedor, insistió Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al decreto. Montoro citó el caso de regiones que delegan en los ayuntamientos el pago de la Dependencia y después «se retira de su financiación», algo que «no es admisible en modo alguno y una práctica a corregir», subrayó , porque «proveedores y FLA han pagado los servicios sociales» recalcó el mandatario.
Es por eso que el responsable de Hacienda avanzó que «vamos a profundizar en si hay un fallo entre las administraciones a través de convenios incumplidos, sobre todo, en el ámbito de la protección social», fallos que el popular calificó de «muy graves».
PROCEDIMIENTO.Cuando el plazo se incumpla en el pago a proveedores, el Ministerio de Hacienda comunicará a la administración -bien comunidad autónoma o administración local- el inicio del procedimiento de retención y solicitará la información para cuantificar la parte de la deuda comercial que se va a pagar, tras lo que el Ministerio notificará el importe que será retenido de la financiación.
La administración en cuestión deberá remitir la relación de facturas que componen la propuesta de pago y cuyo importe alcance el importe de la retención comunicada. El criterio para determinar la prioridad de pago de esas facturas será la antigüedad de la deuda. El Ministerio abonará directamente el importe de la factura, con lo que la deuda quedará extinguida. Eso sí, la administración correspondiente, comunidad o ayuntamiento, se hará cargo de los intereses de demora que haya generado esa deuda.
Según informó el responsable de la Hacienda, en el primer trimestre de 2014 el período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas fue de 26,8 días, frente a los 41,7 que se tardaba en pagar en el mismo periodo del año 2012, y aprovechó para subrayar los mecanismos puestos en marcha por el Ejecutivo para ayudar a las administraciones.