Casi 3.000 abulenses, afectados por el IRPF de la prestación

M.E
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El Supremo ha abierto la puerta a que madres y padres trabajadores que hayan percibido el permiso desde 2014 recuperen la cantidad pagada en impuestos

La reclamación del IRPF(Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) abonado por las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, las que perciben las madres trabajadoras (o padres trabajadores) durante el permiso de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo, afectaría a cerca de tres mil abulenses, los que han recibido la citada prestación desde el año 2014, según los datos publicados por la Junta de Castilla y León, a partir de los del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Tribunal Supremo determinó hace unos días que las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social están exentas del IRPF, en contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la Agencia Tributaria. Así lo refleja en una sentencia de la sección segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que desestima un recurso de la Abogacía del Estado que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRFP por considerarse como rendimientos de trabajo, informa Europa Press. Esta sentencia del Supremo suscita una gran repercusión en la sociedad, por implicar cantidades económicas que ahora pueden restituirse y por contar con un buen número de afectados. Es complicado calcular las cantidades que Hacienda tendría que devolver a las personas afectadas, sobre todo madres pero también padres que hayan compartido este permiso, ya que depende de factores como el montante obtenido o las retenciones. Con todo, la OCU habla de que para una prestación de 5.681 euros en 2015, la devolución oscilaría entre los 1.000 y los 2.600 euros .Lo que sí se puede estimar es el número de madres y padres de la provincia afectados por este fallo, cerca de tres mil entre los años 2014 y 2017 (los anteriores ejercicios han prescrito), aunque aquí también hay que tener en cuenta que puede que no todos estos progenitores hayan presentado la declaración, por no llegar a los mínimos establecidos y no estar obligados a ello.