La Policía detuvo ayer al delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, acusado de corrupción por la supuesta concesión de contratos públicos durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat.
Tras ser arrestado a primera hora de la mañana, en el marco de una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción, el popular pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, cuya juez le dejó en libertad provisional horas más tarde, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La causa abierta en contra de Castellano investiga los presuntos favores que habría realizado a una empresa con cuyo presidente coincidió en cacerías y a la que la Consejería valenciana adjudicó obras para la extinción de incendios. En concreto, las pesquisas se centran en las contrataciones rubricadas con Avialsa entre los años 2008 y 2010, por un importe de más de 33 millones de euros.
Tras la detención, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el cese del delegado del Gobierno de Valencia. Así, la número dos del Gabinete que preside Mariano Rajoy sostuvo que se toma esta decisión «tras las informaciones conocidas de que el popular se halla inmerso en una investigación judicial», asegurando que el sustituto deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y, cuando este esté concluido, será nombrado.
Sáenz de Santamaría defendió la medida como «oportuna», aunque no puede sustituir a la investigación que realizan la Justicia y la Policía y que derivó en el arresto de Castellanos. «Hemos decidido el cese inmediato cuando hemos conocido la noticia», insistió.
La causa se enmarca en una operación abierta el pasado octubre, a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de la empresa en la que se alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la Consejeria valenciana. En el documento se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, al popular, relacionados con cacerías; y, por otro, a gestiones del exconsejero para favorecer al directivo.
La Policía detuvo a ocho personas más junto al exdelegado del Gobierno valenciano y practicó diferentes registros, tanto en la vivienda particular de Castellano como en la sede de la Consejeria de la Generalitat. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto declaró la causa secreta.
DESMENTIDO. No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones y, en ese momento, el popular desmintió «rotundamente» que se hubieran concedido irregularmente obras a la empresa. «Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades», afirmó.
Asímismo, recordó que Avialsa es una firma que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, «fue la única que se presentó». Sobre sus compañías en las cacerías, reconoció también su afición, pero destacó que cuando va a cazar no le pide a nadie el DNI para saber su ocupación.