La acción ejecutiva llevada a cabo el pasado jueves por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que decidió de manera unilateral emprender su prometida reforma migratoria sin el apoyo del Congreso iba a traer consecuencias. Así lo aseguraron los republicanos, que no solo se oponen a esta modificación legislativa, sino que, además, avisaron al mandatario de que tomar en solitario esa medida no quedaría inmune.
Tal y como amenazaron, los conservadores presentaron ayer una demanda contra la Administración por abusar de su poder. Eso sí, la querella se basa en la controvertida reforma sanitaria, aprobada en 2010 con los únicos votos de los demócratas y conocida como Obamacare, y no por la recientemente anunciada migratoria.
La querella fue formulada contra las secretarías de Salud y Servicios Humanos y el Departamento del Tesoro acusa al Gobierno de aplazar ilegalmente el requisito de que las grandes empresas ofrezcan cobertura sanitaria a sus empleados a jornada completa o paguen multas.
Si la demanda prospera, los más pobres no perderán su atención médica, ya que las aseguradoras deberán seguir ofreciendo la cobertura, pero sin la ayuda del subsidio del Ejecutivo, por lo que podrían verse obligados a subir los costes en otros seguros.
La demanda es, cuanto manos, extraña, ya que se trata de una denuncia por demorar la aplicación de una ley a la que los republicanos se oponen. Además, se produce justo un día después del anuncio de Obama de seguir adelante con su segunda gran promesa electoral, que también rechazan los conservadores.
Sin duda, se trata de una fórmula para frenar la amnistía ejecutiva del presidente, que abre una guerra total entre el inquilino de la Casa Blanca y la oposición, que, a partir de enero, tendrá la mayoría en el Congreso, tras hacerse con el control del Senado en las pasadas legislativas de este mes.
El jefe de la Cámara de Representantes, el conservador John Boehner, aseguró el pasado jueves que su grupo actuaría ante la actuación unilateral del demócrata. Dicho y hecho, un día más tarde acusó al mandatario de comportarse de manera anticonstitucional al gobernar a golpe de decretazo. «Una y otra vez, ha elegido ignorar la voluntad del pueblo estadounidense y reescribir la ley federal sin que el Congreso tenga voto», criticó. «Si este presidente se puede salir con la suya al hacer sus propias leyes, los futuros presidentes lo harán también. La Cámara tiene obligación de defender la Constitución y por eso estamos persiguiendo esta línea de acción», justificó.
Injusticia ‘semi’ resuelta. Ajenos a esta controversia, los grupos de defensa de los Derechos Humanos en Estados Unidos celebraron el anuncio de Obama en materia migratoria, ya que, consideraron, resuelve una situación que consideran de injusticia. Sin embargo, también coincidieron en lamentar que no llega lo suficientemente lejos, al no abordar otros problemas y dejar fuera a seis millones de indocumentados.
El jefe del Ejecutivo denunció en su discurso a la nación que el sistema migratorio del país «está roto», por lo que anunció acciones ejecutivas para reformarlo y conseguir que los ilegales «salgan de las sombras y regularicen su situación ante la ley».
El plan del demócrata permitirá que hasta cinco millones de indocumentados, padres de ciudadanos y residentes permanentes, puedan quedarse temporalmente en la nación, sin sufrir la amenaza de una expulsión.
El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anthony D. Romero, respaldó a Obama por «restaurar alguna justicia a nuestro roto sistema migratorio y poner límites a la devastadora máquina de deportación que ha separado a incontables familias durante mucho tiempo». Aunque millones de personas «pueden finalmente respirar aliviadas», las acciones adoptadas por el presidente «no son una solución completa a los problemas que afectan a este sistema», incidió. En este sentido, indicó que en ACLU «estamos extremadamente preocupados por los derechos de los seis millones de inmigrantes excluidos».