Fomento da un paso al frente y ha anunciado la incorporación, dentro del plan de inspección para 2016, de un programa específico de control de las nuevas plataformas digitales de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares (tipo Uber, Blablacar o Cabify) por entender que implican  una gran perturbación en la ordenación y en la seguridad del transporte.

La Junta está decidida a erradicar contra las diversas formas de fraude que a veces esconden, así comoa luchar contra la competencia desleal que hacen a las empresas que operan en el mercado dentro de una libre y ordenada regulación.

La inspección de este tipo de transporte comprobará fundamentalmente si se trata de un servicio compartido, y por tanto, sus gastos también, entendiendo por servicio de gastos compartidos aquel que se produzca esporádicamente, no de forma constante, ni regular, y que reparta los gastos de combustible y peaje entre todos los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, según informa la propia Consejería de Fomento en un comunicado.

Si no se dan estas circunstancias se trataría de un transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, esto es, en taxis, y por tanto, estaría sujeto a la posesión de la correspondiente licencia municipal y sus reglamentos correspondientes.

Estas medidas se incorporan dentro del Plan de Inspección del Transporte Terrestre de Castilla yLeón para 2016, que también incluye una mayor vigilancia del transporte de mercancías, especialmente las peligrosas, así como de escolares y menores.

Como novedad respecto a años anteriores, adapta el ‘baremo sancionador’ a las determinaciones contenidas en la modificación de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre para adecuarlo a las nuevas exigencias de esta actividad. Este plan, integrado a su vez en la Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León, tiene como objetivo fundamental la ordenación del mercado de transporte y el control del cumplimiento de la normativa para garantizar la libre competencia y lograr un transporte eficaz, de calidad y seguro.

Profesionales. Las inspecciones selectivas darán prioridad a la correcta prestación conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general y especial de escolares, al desarrollo del transporte a la demanda, el control de los tiempos de conducción y descanso, la manipulación del tacógrafo y limitador de velocidad, el exceso de peso, las mercancías peligrosas, el transporte escolar y el control de las plataformas digitales de contratación de servicios de transportes de viajeros en vehículo de turismo particulares, así como a la cualificación profesional de los conductores, entre otras.

Respecto al control de tiempos de conducción y descanso, la Junta, en estrecha colaboración con la Guardia Civil, vuelve a hacer hincapié y requerimiento de la información que aportan los tacógrafos tanto analógicos como digitales, con especial atención a los tiempos máximos de conducción diarios, semanales y bisemanales, los descansos y las conducciones máximas ininterrumpidas. Para este año el objetivo será proceder a la lectura de 107.000 jornadas de trabajo de conductores profesionales.
Igualmente hasta finales de diciembre se prevé incrementar la inspección contra la manipulación del tacógrafo en polígonos industriales, áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial y en pequeños recorridos con velocidades muy cortas, ya que, según informes de la Guardia Civil, es en estas zonas donde se ha constatado las manipulaciones.

Viajeros. En cuanto a las rutas regulares como a la prestación conjunta de transporte de viajeros de uso general y especial de escolares, modalidad autorizada en 2014 y de la que existen en este curso 267 rutas en funcionamiento, se controlarán los aspectos directamente relacionados con la seguridad vial, tiempos de conducción y descanso, ITV, seguros o antigüedad de los vehículos. Además, los servicios territoriales de Transportes y la Guardia Civil realizarán controles específicos trimestrales con el fin de inspeccionar todas las rutas existentes en cada provincia.

A final de año está prevista la puesta en marcha de una campaña específica dirigida por la Dirección General de Tráfico en colaboración con las comunidades autónomas y la Guardia Civil para controlar, entre otros aspectos, si las empresas mantienen las mismas condiciones que cuando fueron adjudicatarias de los distintos servicios.