El guión se cumplió al cien por cien. La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ofreció ayer durante su discurso de investidura de una hora y tres minutos un «gran acuerdo de todos» contra la corrupción que incluye más de 20 medidas y que, aunque es regional, tiene vocación de «servir de modelo» al resto de España. De esta manera, la sevillana trata de ganarse el favor de Ciudadanos, dado que el PP-A, Podemos e IU votarán hoy y el próximo jueves en contra. Juan Marín, que desde 2006 sostiene a los socialistas en el Ayuntamiento de Sanlúcar, no se cierra en banda ante la posibilidad de dar luz verde al PSOE-A en la X legislatura mediante la abstención de C’s.
Durante su intervención en el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento, la líder socialista propuso un acuerdo «riguroso, autoexigente y que demuestre que la unidad de todos los grupos por combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, hasta exterminarla».
Tras asegurar que la corrupción es una «vergüenza» para quienes creen en la gestión honrada de lo público y un «lastre inaceptable» para la democracia, Díaz se comprometió a tomar medidas en distintos ámbitos, enmarcadas en un «gran pacto», para evitar que caso como el de los ERE o la formación, «por referirme a casos andaluces, no van a volver a repetirse».
retribuciones. En primer lugar, la trianera ofertó diversas iniciativas sobre los partidos políticos. En consecuencia, aprobará, si es elegida, un paquete normativo que obligue a la remisión por parte de todos los grupos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones si las tuvieran.
También se incluye dentro del mismo que los cargos instituciones que no ganen una retribución pública no puedan percibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria; y la obligatoriedad de hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge. También se trata la financiación ilegal de los partidos, que tendrán la obligación de hacer públicas sus cuentas e ingresos en internet. Los imputados no podrán formar parte de las listas electorales y, de tenerla, serán separados de su cargo público.
Había una propuesta que puede que, a simple vista, no tenga mucha repercusión económica, pero, realmente, supone todo lo contrario:reducir un 10 por ciento los puestos de libre designación dentro de la Administración. Baste señalar que la comunidad sureña tiene el dudoso honor de ser la que más tiene, y con diferencia. Sin ir más lejos, con la alianza con IU en 2012, que sumó una cantidad importante de directivos, las maltrechas arcas andaluzas tuvieron que pagar 125 millones de euros el año pasado.
Asimismo, la exconcejala hispalense pretende prohibir los sobresueldos de los partidos para cargos con sueldos públicos, así como declarar incompatible la función de parlamentario autonómico y el ejercicio de cualquier otra actividad, de acuerdo con la ley de incompatibilidades.
Curiosamente, justo el día en el que la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, lo prometía, la sevillana propuso llevar a cabo una iniciativa legislativa regional para que en el Congreso de los Diputados se adopten cuantas reformas sean necesarias, «incluida la constitucional», de cara a establecer una segunda vuelta electoral si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta. Esto incluiría a alcaldes, presidentes regionales y del Gobierno.
A pesar de estos guiños a todos los partidos, «todo un traje a medida», como dijo el popular Juanma Moreno, Díaz hoy no será presidenta, pues toda la oposición se comprometió a votar en contra. Habrá que esperar al próximo jueves, en el que las miradas estarán puestas en C’s, la única fuerza que no ha anunciado que dará portazo al PSOE-A en esa segunda cita.