España necesita más recortes. Ese es el mensaje que emite tanto el Gobierno español como la Unión Europea para que el país logre los objetivos de déficit público a los que se ha comprometido para el presente ejercicio, y que supone un 5,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Y esos nuevos ajustes ya están cifrados: alrededor de 30.000 millones de euros.
Para lograr recaudar esa cantidad, el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene un debate interno sobre los ámbitos que se deben tocar. No obstante, en la mayoría de los planes planteados se repiten algunas medidas: las privatizaciones de organismos públicos (que parece la más factible y podría anunciarse la próxima semana), la congelación de las pensiones, la subida del IVA, la disminución del gasto en funcionarios, el descenso de las prestaciones por paro y el cierre de las televisiones públicas.
«No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son cálculos técnicos, cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría ingresar con lo otro», subrayó una fuente cercana a otros altos cargos del Ejecutivo.
Como viene siendo habitual en el Gobierno dirigido por Mariano Rajoy, coexisten distintas ideas a la hora de las medidas necesarias para solucionar la crisis y mejorar la economía. En un lado se encontraría el ala más liberal del Ejecutivo -compuesta por los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos-; y en el otro extremo se sitúa el argumentario del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más cercano a la sensibilidad del Partido Popular.
Con todo ello, el propio presidente ya ha revelado públicamente que el Consejo de Ministros tomará nuevas medidas de ajuste y que pedirá un nuevo esfuerzo a las comunidades autónomas para reducir el saldo negativo de las cuentas. Sin embargo, aunque varios de sus ministros se sumaron al mensaje, nadie quiso concretar qué medidas pueden aprobarse para garantizar el cumplimiento de lo pactado con Bruselas.

Desinversiones.

Entre los ajustes estimados por Moncloa, el más novedoso es el plan de privatizaciones con el que se pretende ingresar unos 30.000 millones que no irán destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar la deuda contraída por el Estado.
Esta hoja de ruta, que previsiblemente se aprobará antes del próximo mes, afectará a varios departamentos ministeriales y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos tanto del Gobierno central como de los regionales.
En concreto, el diseño de la actuación afectará, previsiblemente, a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las autonomías.  
Asimismo, el Ejecutivo también estudia diversas desinveriones en firmas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways) o Red Eléctrica de España (REE). Antes de actuar, el Gabinete quiere conocer qué activos tienen  un valor atractivo para los inversores.
Asimismo, todas las actuaciones tendrán que recibir el visto bueno de Europa antes de ser anunciadas, por lo que se analizarán en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.