Uno de cada tres perceptores de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) encontró trabajo durante el pasado año, ejercicio en el que las solicitudes de esta prestación se redujeron en un 40 por ciento respecto a 2015, lo que supone que la prestación cubre las necesidades básicas de las personas más vulnerables y funciona como herramienta «fundamental» para salir de la exclusión social a través del empleo, según el balance realizado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.
Acompañada por el secretario general de su departamento, Jesús Zurita, y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl Pérez, la consejera destacó la «eficacia» de la renta garantizada de ciudadanía para la inserción laboral a lo largo de la legislatura, en la que se ha producido un incremento «constante» del número de beneficiarios que han abandonado la prestación al haber encontrado trabajo, concretamente en 205 fueron 2.356, más de 3.000 el año siguiente y 3.360 durante 2018.
Esta mejora se ha conseguido gracias a medidas como facilitar que se vuelva a percibir esta prestación de forma automática si el beneficiario finaliza el empleo logrado a través de los itinerarios de inserción sociolaboral de la Consejería, favorecer la contratación de los perceptores por empresas y entidades sin ánimo de lucro, atender a los inscritos en Garantía Juvenil, conceder subvenciones a entidades del tercer sector o impulsar la contratación por parte de las corporaciones locales.
Asimismo, el acceso al empleo de personas en riesgo de exclusión ha repercutido en la reducción de las solicitudes a la renta garantizada de ciudadanía, que en 2018 descendió en un 40 por ciento respecto a 2015, al pasar de 8.584 a 5.134, como explicó Alicia García en su balance.
De igual forma, la consejera insistió en que los titulares de la prestación se han reducido en un 10,6 por ciento, puesto que ha evolucionado de los 11.813 titulares en el año 2015 a los 10.557 del pasado año, mientras que el 87 por ciento de estos perceptores son estructurales -tienen mayor vulnerabilidad y más persistente- y el 13 por ciento son coyunturales -carecen de recursos en un momento puntual-.
Asimismo, a lo largo de la legislatura ha bajado el número de beneficiarios en coherencia con los titulares. En este caso, las personas que han necesitado ser beneficiarias de esta prestación han descendido en un 17 por ciento, que han pasado de los 29.308 existentes en 2015 a los 24.401 del pasado ejercicio.