El equipo médico de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) accedió finalmente ayer a retirar la alimentación artificial a Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad degenerativa irreversible para la cual sus padres pedían una muerte digna, según informó el abogado de la familia, Sergio Campos.
La nueva postura de los profesionales que atienden a la pequeña supone que solo se le va a mantener «una mínima dosis de hidratación» para que los fármacos hagan efecto, con lo que el desenlace será cuestión de días.
«Pueden ser dos, cuatro, ocho o 38 días», expuso el letrado acerca de la incertidumbre sobre el período que le queda a la menor, puntualizando que tendrá una muerte «dulce, un poco más fácil que su vida», ya que contará con «una sedación fuerte para que no sienta dolor».
Los pediatras sustentaron su nueva decisión en «los cambios clínicos experimentados por la paciente», que implican «un empeoramiento» en su estado de salud.
Sin embargo, Campos aseveró desconocer la razón exacta por la que se «rectificaba la postura inicial de los médicos», aunque la relacionó con la mediación del juez encargado del caso, Roberto Soto, quien la semana pasada adoptó varias medidas como solicitar el expediente clínico completo de la niña y que ésta fuese sometida a un reconocimiento forense.
«NO BUSCAMOS DISCULPAS». Tras remarcar que el servicio de Pediatría solo les había hecho saber que «cambian el criterio» y «acceden a la retirada de la alimentación», aunque no los motivos, el abogado de la familia de Andrea dejó claro: «Nosotros no buscamos disculpas, porque la situación no es como para estar exigiendo ningún tipo de disculpa en estos precisos momentos».
«No nos sentimos especialmente agraviados, simplemente celebramos el cambio de criterio y, en principio, estamos satisfechos», subrayó, añadiendo que no sabe «qué ha pasado por la mente del equipo médico» para haber modificado tan «sustancialmente su criterio en pocas horas».
Finalmente, el letrado de la familia reflexionó sobre cómo Andrea «está llamada a ser un faro de aquí en adelante en España para que, todos los padres que estén viviendo una situación similar, tengan un proceso firme en el que verse reflejados».
Una vez que las partes han llegado a acuerdo sobre el plan propuesto, deben «enviar al juzgado el consentimiento de los padres», tras lo que se procederá al pertinente seguimiento de que se cumpla lo establecido.