La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas trató de descargar ayer cualquier responsabilidad de éste respecto a la contabilidad paralela del Partido Popular y atribuyó indirectamente a los secretarios generales del partido la gestión de la caja b, como máximos responsables estatutariamente del control de las finanzas populares. Aunque no los mencionó en su escrito, la investigación abarca las épocas en las que estuvieron al frente de la formación Francisco Álvarez-Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Mariano Rajoy (2003-2004), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (desde 2008 hasta hoy).
Así lo señala en un recurso contra el auto dictado por el juez Pablo Ruz que consideró recientemente acreditada la existencia de unas cuentas al margen de la legalidad en la formación conservadora durante al menos 18 años y en el que la defensa de Bárcenas apuntaba que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en 2008, último año recogido en su contabilidad b que no habría prescrito, eran los «administradores o legales representantes» de la organización y no el antiguo responsable de las finanzas populares, lo que le afectaría tanto a él como a su antecesor Álvaro Lapuerta.
«Los administradores o legales representantes del PP son aquellos en los que el Congreso Nacional del partido otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses de la formación y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración pública», indicaba el escrito.
De este modo, la defensa argumentaba que Bárcenas «no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria» y que su cliente no puede ser responsable del delito fiscal que el juez le atribuye porque «no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política». De igual modo, el recurso rechaza el delito de apropiación indebida que se le atribuye por permitir que el extesorero Álvaro Lapuera se quedara con dinero de la caja b después de comprar acciones de Libertad Digital, al apuntar que esa operación habría sido «instada por el dominus (el PP), queriendo que la misma operación se llevara a cabo ocultando su verdadera titularidad y, por lo tanto, llevando a cabo la adquisición de acciones bajo el nombre de terceras personas».
Desde las filas del PP la respuesta no se hizo esperar y la secretaria general de la organización, María Dolores de Cospedal, se refirió a este recurso aseverando que el extesorero «miente».
A preguntas de los medios desde Guadalajara, donde realizó un balance de su labor al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, la número dos de los populares que enfatizó que «como tantas otras veces», Luis Bárcenas «miente», y una mentira repetida mil veces «no es una verdad».