El Tribunal Supremo condenó ayer al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a Ángela González, madre de una niña asesinada en 2003 a manos de su padre, condenado por maltrato, quien aprovechó una visita sin supervisión para cometer dicho acto. Tras la negativa del Ministerio de Justicia, y después de que la mujer acudiese a la ONU, el alto tribunal considera ahora que debe ser indemnizada por daños morales. 

Tras conocerse el fallo,  González afirmó que «después de 15 años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador». Y es que se trata de la primera vez que en  España se condena a pagar una indemnización por no cumplir un dictamen de un Comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas. 

Con esta sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo obliga a la Administración a cumplir el Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) y, por tanto, a otorgar una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional, ya que considera que se vulneraron los derechos fundamentales de la mujer a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral y a la tutela judicial efectiva.