Si bien son muchos más los ayuntamientos que en los últimos años ‘cumplen’ con la obligación de facilitar información al Consejo de Cuentas de Castilla y León que los que no lo hacen, lo cierto es que, pese a estar obligadas a ello, aún hay entidades locales de la región que nunca han presentado informes fiscales a este organismo regional creado en el año 2003.
De hecho, en el caso concreto de la provincia de Ávila, y según datos del propio Consejo de Cuentas de Castilla y León, son cuatro los ayuntamientos, en todos los casos de pequeño tamaño, que nunca, desde que se constituyó este órgano regional, han presentado un informe fiscal ante esta institución autonómica «encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León». Los ayuntamientos en cuestión son Bravos, Muñogrande, Sígeres y Viñegra de Moraña. Sin embargo y pese a que estos son los únicos municipios que nunca han cumplido con su obligación de informar ante el Consejo de Cuentas, otros muchos están pendientes de hacerlo aún en el caso de uno o varios ejercicios. Así las cosas, aún quedan pendientes de presentar sus informes fiscales municipios en la provincia desde el año 2003 (ejercicio cerrado por 223 municipios).
El Consejo de Cuentas de Castilla y León es un órgano dependiente de las Cortes regionales, con sede en Palencia, al que están obligadas a rendir cuentas «todas las entidades locales de la región» y que «actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público». Si bien, y a diferencia de lo que ocurre cuando las entidades locales no cumplen con la obligación de presentar las liquidaciones de presupuestos anuales ante el Ministerio de Hacienda, el incumplimiento con el Consejo de Cuentas no lleva pareja una retención de fondos regionales, aunque sí otra serie de medidas. Así las cosas, señalan desde la citada institución autonómica, la falta de rendición de cuentas «no tiene consecuencias inmediatas para los ayuntamientos incumplidores», si bien el Consejo de Cuentas de Castilla y León «puede incluir en su programa de fiscalización especial a quienes de forma sistemática incumplen con esta obligación y con este ejercicio de transparencia, especialmente en el caso de las entidades de mayor población».
Además, y aunque recuerdan que de momento no se ha llegado a desarrollar, la reforma de las instituciones propias de la Comunidad contempla «la posibilidad de implantación de multas coercitivas a quienes incumplan con sus obligaciones con el Consejo de Cuentas de Castilla y León» y por ende, ya que la presentación de informes fiscales se realiza de modo simultáneo en ambas instituciones, con el Tribunal de Cuentas, que en este caso, señalan, «sí tiene capacidad sancionadora».