El secretario territorial de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Luis Valverde, declaró este lunes en los Juzgados de Ávila por el caso del accidente de autobús que acabó el pasado día 8 de julio de 2013 con la vida de nueve personas y ocasionó heridas a otra veintena. En este caso, el representante de la Administración  regional ha comparecido ante el juez a petición de la Fiscalía, que solicitó que la Institución autonómica fuera considerada responsable civil subsidiaria al tratarse de un autobús que, en el momento del accidente, desarrollaba un servicio público de transporte gestionado por ella.

Por espacio de algo más de 15 minutos, Valverde ha estado declarando y contestando a una serie de preguntas que no han trascendido pero que sí contribuyen a asegurar el escrito de acusación que ahora formulará el fiscal, Óscar Barrios, en el plazo de una semana. En este sentido, Barrios ha confirmado que «la declaración se produce para constituir  válidamente esa relación jurídica con el fin de evitar que se pueda alegar algún tipo de indefensión por parte de la Administración regional». Por lo tanto, se trataba de un procedimiento necesario pero no revelador de nada nuevo en el caso que, tras esta última declaración y a la espera de que, una vez conocida por la defensa y las otras acusaciones y redactados los escritos oportunos por ambas partes; el caso salga del Juzgado de Instrucción y pase al Juzgado de lo Penal, que señalará  juicio oral en una fecha que aún se desconoce, ya que la Fiscalía no ha solicitado ninguna diligencia más. En cualquier caso, el juicio no se celebrará hasta después del verano, tal y como  ha confirmado el fiscal, que ve indicios suficientes para poder acusar al conductor del autobús de nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y trece delitos de lesiones por imprudencia grave de los que tendrá que responder ante el Juzgado de lo Penal y no ante la correspondiente sala de la Audiencia Provincial puesto que, en cualquier caso, la pena máxima que se le presupone «no supera el límite establecido para que el juicio no se celebre en el Juzgado de lo Penal», ha expresado Barrios, que planteaba un máximo de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave.  

razones de la declaración. El juez que lleva el caso del accidente de autobús ocurrido en Tornadizos el pasado día 8 de julio de 2013 en el que perdieron la vida nueve personas y resultaron heridas una veintena consideró, a petición de la Fiscalía, formulada el 19 de marzo de 2014; declarar responsable civil subsidiaria a la Junta de Castilla y León, por lo que un representante de la Administración regional ha tenido que declarar en el Juzgado de Ávila por estos hechos, citación que se ha efectuado tras la obligación asumida por la Junta de responder de las indemnizaciones oportunas si el acusado (el conductor del autobús) y la compañía aseguradora no pudieran hacer frente a su totalidad, si resultaran condenados.

Esta es la última información sobre un juicio que se está dilatando en el tiempo y que comenzó el pasado 6 de agosto de 2013 con la declaración de los miembros de la Guardia Civil que realizaron el atestado del fatal accidente, de los viajeros del autobús, testigos directos de lo sucedido, de los técnicos de Cevesa, la empresa a la que pertenecía el vehículo siniestrado, que también fue declarada responsable civil subsidiaria, de compañeros del conductor y del propio conductor. Diferentes técnicos ha participado en la elaboración de un informe que también es decisivo para el juez, que deberá decidir si existen indicios suficientes para llevar a juicio oral al conductor del vehículo de transporte público, como así considera la Fiscalía. De tal manera, esta decisión del Juzgado viene a retardar aún más un procedimiento que pretende contar con todos los informes necesarios con el fin de dilucidad la responsabilidad de los gravísimos hechos.