La venta directa de pequeñas cantidades de productos agrícolas a tiendas y restaurantes es una práctica común en toda Europa y que cada vez se extiende más con la proliferación de mercados donde el consumidor puede adquirir verduras de la huerta. Aunque estas transacciones eran alegales, no se consideraban ilegales ni existía una normativa, ahora la Junta de Castilla y León, a través de una orden de la Consejería de Sanidad, ha regularizado la comercialización de determinados productos alimenticios directamente por el productor a establecimientos, tanto restaurantes como otros servicios alimentarios.

De esta forma, la Comunidad castellano y leonesa se suma a Galicia y se adelanta a otras regiones como Extremadura al no existir una normativa nacional que ampare estas prácticas. «La realidad es que los pequeños agricultores venden cosas, unos lo hacen en sus propias explotaciones agrícolas, otros en mercados de proximidad y otros los ceden en establecimientos minoristas o restaurantes», explica a este periódico el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez Nogal, que destaca que en Europa «todo el mundo lo vende, es una cosa que es imposible de parar, y además cada vez hay más consumidores que se creen lo de proximidad».

«Estamos hablando de poder controlar en los establecimientos las cantidades excedentarias de su producción que me puedan vender los pequeños agricultores, porque sino sería una industria», concreta Álvarez Nogal. La normativa afecta a las verduras, las setas, los huevos y la miel, así como otros productos procedentes de la apicultura. De momento se ha dejado fuera a todo lo relacionado con animales, aunque desde Salud Pública reconocen que también en esos casos hay venta de proximidad.

 

condiciones. La orden establece algunas condiciones como las «pequeñas cantidades» que se considerarán afectadas por esta normativa: 20 kilos semanales de cada producto y proveedor en el caso de los vegetales, las setas y la miel, y cinco kilos para otros procedentes de la apicultura. En el caso de los huevos, se pondrán suministrar 20 docenas a la semana.

Además, los vendedores tendrán que cumplir con un requisito, estar inscrito en el registro de la producción primaria establecido por la autoridad competente. Una función que reguló hace quince días el Consejo de Ministros con la aprobación del registro, «algo que no se había hecho nunca en este país», recalca el director general. «Europa registró todas las explotaciones ganaderas, pero no hizo lo mismo con las agrícolas», añade el director general.

Por su parte, los establecimientos y tiendas, «que también pueden ser gasolineras que vengan lechugas que compran a alguien del pueblo», deben acreditar la procedencia de los productos, «porque es una de las claves de seguridad alimentaria». «Es muy fácil saber quién me lo trae, porque ningún señor de Mansilla de las Mulas (León) va a vender tomates en Alicante, si lo hiciera ya estaríamos hablando de una industria, pero la pequeña proximidad, que es lo que se ha regulado, es otra cosa», puntualiza el responsable regional.

El director general señala que este tipo de prácticas sí se pueden sancionar, aunque no es habitual que se persigan. «Venimos a reconocer un hecho real para estar mejor controlados», comenta, a la vez que añade que van a controlar como se venía haciendo hasta ahora, «no se va a hacer sangre», únicamente comprobar que los compradores acreditan el origen de los productos y que aplican todas las medidas para garantizar la higiene alimentaria.

Para realizar toda esta ardua labor, el equipo de Salud Pública de la Consejería de Sanidad cuenta con 470 veterinarios y 300 farmacéuticos que trabajan con el apoyo de los nueve laboratorios distribuidos en cada una de las provincias castellanas y leonesas.

La orden regional por la que se autoriza y regular la comercialización de determinados productos alimenticios directamente por el productor a establecimientos de venta al por menor se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 16 de enero. Ahora la Junta informa su aplicación a los colectivos afectados, principalmente veterinarios, agricultores y establecimientos, tanto restaurantes como otros servicios alimentarios similares.