“No somos partidarios de experimentos de recentralización, pero sí de que el Estado ejerza sus competencias”. Así se pronunció hoy el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, sobre el debate de que el Estado asuma de nuevo competencias ahora en manos de las autonomías, caso de la sanidad. A su juicio, el modelo del Estado autonómico debe mantenerse, porque España no es un Estado federal, pero para que el sistema funcione el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien Estar debe ejercer sus competencias en áreas como farmacia, salud pública y personal, y sentar las bases del sistema.

En este sentido, recordó que el problema del déficit de profesionales debe asumirlo el Estado con ayuda de las autonomías, porque afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). A su juicio, cuando se sientan las bases y las competencias las desarrollan la autonomías, el modelo funciona, como ocurre por ejemplo, con el programa nacional de trasplantes. “Cuando el Estado ejerce, la sanidad avanza más sin cambios en sus competencias”, “no se trata de de centrifugar la sanidad”, incidió en declaraciones recogidas por Ical. En este sentido, tras conocer el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2019, lamentó que el Estado siga sin articular el Fondo de Cohesión, tras reclamarlo durante muchos años, y sea ahora extrapresupestario.

Sáez Aguado añadió que está muy bien que la ministra María Luisa Carcedo se reúna con las plataformas en defensa de la sanidad pública, como hizo el pasado sábado en León, pero le instó a que tome “iniciativas, coordine y lidere la solución” al problema de falta de sustitutos. “En Castilla y León, estamos tomando medidas, pero más allá de que la ministra se reúna con las plataformas, necesitamos que convoque a los consejeros para abordar este problema nacional” y fijar una hora de ruta nacional.

El consejero recordó que su departamento ha dado pasos en este sentido y seguirá haciéndolo, pero necesita de una solución conjunta. Recordó que hace tres años comenzó a aplicar la ampliación de la edad de jubilación más allá de los 65 años -propuesta reciente de Carcedo-, y a contratar a profesionales extracomunitarios, entre otras. También está a la espera de que el ministerio “desatasque” asuntos como la acreditación de nueve unidades docentes que ha pedido Castilla y León; la convalidación de títulos de extracomunitarios y cambios en el modelo para poder fidelizar a los residentes.