El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concluyó ayer una parte de la investigación del caso Gürtel para llevar a juicio a 45 imputados, entre los que se encuentran políticos como el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, y varios empresarios.

También se sentarán en el banquillo de los acusados el extesorero del PP Álvaro Lapuerta -que siempre se ha negado a declarar por problemas de salud-, su predecesor en AP Ángel Sanchís, los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda -exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato- y el exdiputado Jesús Merino. De estos 45 imputados, 21 serán juzgados por estos hechos y otros 24 continuarán encausados en la pieza principal o en otras separadas.

En el auto se abre una pieza separada sobre la «primera época» de la trama Gürtel, en la que se analizan los actos delictivos que se produjeron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entre 1999 y 2005.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ofrece a Génova que se persone en la causa como partícipe a título lucrativo en relación con los hechos vinculados a Ortega y Sepúlveda, que, con su actuación, pudieron generar «un beneficio» para la formación política de 236.864 euros.

Citando a Anticorrupción, el magistrado Pablo Ruz describe el mecanismo que la trama  empleó en las citadas administraciones, gobernadas por el PP, para conseguir «adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa».

El juez destaca que, a través de Correa, «se encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y a Hacienda esos beneficios ilícitos».

Los delitos que el togado imputa indiciariamente a estas 45 personas son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilíctia en el ámbito de la contratación.

Por otra parte, Ruz defiende el desglose de la causa pues la instrucción se ha desarrollado en varios tribunales y han habido 183 comisiones rogatorias a 21 países.